Dos jóvenes rosarinos vinculados a sitios de esparcimiento nocturno de esa ciudad quedaron en el centro de una investigación de la Justicia Federal por haber organizado fiestas clandestinas para 500 personas en una casa de Punta Mogotes entre el 29 de diciembre y el 6 de enero, en violación a la normativa sanitaria dispuesta para enfrentar la pandemia de COVID-19.

A pedido del fiscal federal Daniel Adler, el juez Santiago Inchausti llamó a indagatoria a los imputados y ordenó, como medida cautelar, que no puedan ausentarse de su domicilio hasta tanto se celebre la audiencia en la que declaren como imputados y que, asimismo, se secuestren sus teléfonos celulares.

El secuestro de los dispositivos electrónicos fue solicitado por el fiscal para profundizar la investigación sobre la organización de las fiestas. La indagación preliminar sobre el perfil comercial de uno de los imputados permitió conocer que se encuentra inscripto ante el fisco en el rubro “información y comunicaciones”. Esa circunstancia, señaló Adler en su dictamen permite sostener “que evidentemente, además, posee los conocimientos y medios técnicos para proporcionar a través de las redes sociales un evento de esta naturaleza”. El otro imputado aparentemente presta “servicios jurídicos” a una firma que realiza actividades gastronómicas. “Se robustece el dato inicial que los organizadores tenían ciertos vínculos con sitios de esparcimiento nocturno en Rosario“, evaluó el fiscal marplatense.

En tanto, el juez por ahora no hizo lugar a las medidas cautelares de índole patrimonial que había solicitado la fiscalía sobre los dos imputados. “Los investigados no solo ponen en riesgo la salubridad pública, sino también ponen en marcha el dispendio de cuantiosos recursos económicos y humanos del Estado en pos de su persecución, los cuales deberían poder ser destinados al combate de la pandemia. Es por eso que las medidas cautelares de índole patrimonial resultan trascendentes a los fines de eventuales reparaciones y búsqueda de soluciones alternativas al conflicto con donaciones a hospitales públicos de la ciudad”, había fundado Adler en su petitorio.

Los dos imputados serán indagados en torno a los hechos ocurridos entre la 01.00 y las 04.30 del 6 de enero pasado en una propiedad de dos plantas situada en la calle Racedo y Avenida Martínez de Hoz de Mar del Plata, aunque tanto el dictamen del fiscal como la orden judicial refieren la existencia de elementos probatorios sobre la realización de fiestas desde el 29 de diciembre.

“Quinientos jóvenes de entre 20 y 30 años”

El 6 de enero a las 4.30 vecinos de Punta Mogotes, indignados por los ruidos, la música y el descontrol, llamaron al 911 para denunciar la fiesta clandestina que se realizaba en Avenida de Los Trabajadores al 4200.

Efectivos policiales y personal de la patrulla municipal se hicieron presentes y constataron “la presencia de aproximadamente 500 jóvenes de entre 20 y 30años quienes se encontraban consumiendo alcohol y escuchando música a alto volumen“. Las personas “comenzaron a retirarse sin ningún inconveniente” al advertir la presencia policial y de agentes del gobierno local.

La investigación ordenada por la fiscalía permitió determinar que el inmueble había sido alquilado por dos grupos de jóvenes procedentes de la ciudad de Rosario, pero que no tendrían vínculo entre sí. Cada grupo ocupó una planta del inmueble.

Uno de los agentes municipales declaró en la pesquisa que “la mayoría de los jóvenes resultaban ser oriundos de la ciudad de Rosario” y que “varios de ellos se dedicaban al rugby”. Agregó que “si bien en ambas plantas en teoría había inquilinos que manifestaron no conocerse entre sí, lo cierto es que por el costado y mediante una escalera que conecta ambos pisos los jóvenes subían y bajaban, razón por la que la fiesta se llevaba a cabo evidentemente en ambos lugares y de forma compartida”.

Un oficial del Comando de Patrullas Zona Sur, por su parte, expresó que uno de los dos imputados explicó esa madrugada que “se encontraba vacacionando y que la gente se le aglomeró en su casa sin haber organizado ningún tipo de evento”. Del cruce de los testimonios de los agentes, surgió que el mismo sujeto manifestó que “había alquilado la vivienda y organizado una fiesta”.

Con posterioridad a los sucesos denunciados de la madrugada del 6 de enero, la policía practicó una inspección del lugar. El resultado de la medida llevó a concluir a la fiscalía que se había llevado a cabo “una fiesta de gran magnitud”, ya que en el patio trasero del inmueble había “más de veinte bolsas de residuos de color negra con botellas de todo tipo de bebidas alcohólicas y vasos”.

Entre otros elementos, se incorporaron a la causa fotos y videos tomadas en la madrugada de los hechos, que -señaló la fiscalía- “ilustran el volumen de la gente concurrente, la mayoría de ellos jóvenes de entre 20 y 30 años que se encontraban en el lugar sin barbijo ni otras medidas de cuidado, y quienes procedieron a retirarse ante la presencia policial, muchos de ellos portando bebidas en sus manos”.

En la investigación también se pudo determinar que, con posterioridad a la intervención policial de aquella madrugada, los dos hombres hoy imputados, inquilinos del inmueble, se retiraron en simultaneo del lugar y no fueron vistos nuevamente, pese a que al menos uno de ellos había firmado un contrato de locación hasta el 9 de enero. “El grupo de abajo tenía pago hasta el 9 de enero pero luego de los hechos de público conocimiento dejaron las llaves en las puertas del domicilio y se retiraron del lugar”, declaró el empleado de la inmobiliaria.

Los investigadores también averiguaron que los imputados abonaban diariamente entre dos mil y tres mil pesos por la limpieza de la vivienda. Este dato, indicó el fiscal, “nos da la pauta que efectivamente era personal contratado específicamente para lidiar con el desbarajuste que ocasionaban las fiestas que se celebraron allí desde el 29 de diciembre; máxime si tenemos en cuenta que el sueldo acordado para estas labores oscila entre $159/171 la hora”.

Adler destacó en su dictamen “la especial gravedad del hecho”, en razón “del importante aumento de casos de COVID en nuestra ciudad y la afluencia de personas de distintas partes del país que se encuentran vacacionando”. En tal sentido, citó jurisprudencia reciente de la Cámara Federal de Mar del Plata que valora hechos similares con idéntico sentido, al señalar que “nos encontramos ante el advenimiento de una realidad sin precedentes en la historia reciente, y en la cual los Estados han adoptado las medidas que estimaron conducentes para paliar el avance del virus y evitar el colapso del sistema sanitario”.