El edificio, por fuera, parecía casi terminado y para ese momento, sobre mediados de 2015, la economía argentina prometía posibles mejoras con el cambio de presidente previsto para diciembre. La oferta del aviso era tentadora: los interesados podían adquirir departamentos u oficinas comercializados en pozo a pagar en cuotas y con la posibilidad de entregar vehículos como parte de pago.

Mauricio Battistoni Calabrese, que había vuelto a Mar del Plata después de trabajar varios años en España, se decidió y junto a su mujer optaron por invertir sus ahorros en un tres ambientes de una torre que los anunciantes levantaban en Colón e Independencia. Sin embargo, lo que debía ser la concreción de un sueño se convirtió en una pesadilla que devino en una denuncia penal por estafa contra tres hombres y una mujer, y que ahora investiga la Justicia local.

Mauricio Battistoni Calabrese, junto a su mujer y su pequeño hijo en la zona de Colón e Independencia donde esperaban vivir.

De acuerdo a la presentación que el damnificado hizo a través de su abogado Martín Bernat ante la Fiscalía de Delitos Económicos, el 4 de diciembre de 2015 suscribió con los representantes de la constructora -cuyos datos no se darán a conocer hasta tanto la Justicia no defina su situación procesal- un contrato de reserva para la compraventa de un inmueble sito en el octavo piso del edificio en cuestión. En ese momento, entregó 9.700 pesos, aproximadamente equivalentes en ese entonces a mil dólares estadounidenses. Días antes, Battistoni Calabrese había abonado, también, 1.400 dólares de comisión por la gestión de venta a una empleada de la firma.

En el documento firmado figuraban las condiciones de la operación que ambas partes afrontarían en los meses siguientes: el comprador debería abonar una cuota mensual de 480 dólares, y 14 mil dólares al instante de firmar el boleto de compraventa, y 9.600 dólares cuando se produjera la toma posesión del bien totalmente terminado, estipulada para junio de 2017. Además, quedaba claro en el acuerdo que la empresa que comercializaba el inmueble aceptaba vehículos como parte de pago de la deuda, y que el monto restante de la misma se saldaría con intereses de 9 por ciento anual fijo en dólares.

En total, al final del proceso los compradores acabarían pagando la suma de 96 mil dólares a cambio de adquirir un departamento de tres ambientes en el octavo piso del edificio de Colón e Independencia, con diversas comodidades superiores a los del resto de las plantas, ya que en el noveno habría una terraza con quincho, piscina y jacuzzi.

En enero de 2016, la madre de Battistoni Calabrese -a cuyo nombre se inscribiría el inmueble- concurrió a firmar el boleto de compraventa y entonces comenzaron los problemas. La mujer leyó en el nuevo documento que, en realidad, el departamento que le iban a vender a su hijo estaba ubicado en el séptimo piso y no en el octavo, como habían acordado las partes. Cuando el hombre consultó por el cambio, desde la firma le dijeron que la vendedora se había equivocado y le explicaron que, en verdad, los inmuebles ubicados en esa planta eran más costosos.

A pesar de esto, el acuerdo fue suscripto de todas formas bajo las siguientes condiciones: 13 mil dólares se abonaron en dicho acto, 1.400 se pagarían en marzo de 2016 -más gastos administrativos y comisiones correspondientes-, otros 9.600 dólares deberían entregarse al momento de la toma de posesión y 72 mil dólares más en 150 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 480 dólares cada una, que podrían ser abonadas en moneda nacional al cambio oficial del día del vencimiento (la primera vencía a 90 días de la firma del boleto), fijándose además un interés del 6 por ciento anual sobre saldos que devengaren después de la entrega de la posesión.

El fraude

Luego de ello, los compradores continuaron los pagos especificados en el contrato celebrado. Para ese entonces, Battistoni Calabrese trataba con el dueño de la firma y su padre -cuyo nombre no figuraba en ningún documento-, además de dialogar con un hombre que representaba a la inmobiliaria que trabajaba con los anteriores y una mujer que se ocupaba de los trámites administrativos de la sociedad.

Sin embargo, al llegar el mes de junio de 2017 la obra estaba poco avanzada y los plazos no habían sido cumplidos por parte de la firma, lo que motivó el comienzo de enfrentamientos verbales y discusiones entre el comprador y los vendedores.

Como si fuera poco, Battistoni Calabrese tomó conocimiento de múltiples irregularidades que habían sufrido decenas de clientes de la sociedad en otros edificios de Mar del Plata, y que hasta habían derivado en una megademanda civil contra los miembros de la firma. En marzo de 2019, el denunciante supo que el terreno en el que se había levantado el edificio donde todavía esperaba recibir su departamento era propiedad de una mujer a la que aún no le habían saldado una deuda por su correspondiente adquisición, debido a lo cual quienes estaban en su misma situación no podrían escriturar su propiedad.

Al cabo, Battistoni Calabrese había abonado a los vendedores del inmueble la suma total de 40 mil dólares y el departamento que le iba a ser entregado lejos estaba de cumplir con lo pactado. Según señaló, se trata de una unidad de sólo un ambiente en el séptimo piso que, en verdad, es una especie de oficina que presenta pésimas terminaciones y en cuyo baño “no hay ni ducha”.

“Mi situación había llegado al extremo. Había invertido mis ahorros de toda una vida y decidido mudarme de España, donde tenía un buen pasar, con el sueño de ser propietario en la Argentina, por lo que comencé a averiguar quiénes eran estas personas”, explicó el denunciante.

Antecedentes y denuncia

A través de sus averiguaciones, Battistoni Calabrese supo que el padre del hombre que figura como dueño de la constructora fue condenado a 13 años de prisión por ser uno de los artífices de una megaestafa en el barrio porteño de Villa Urquiza, cometida a mediados de la década del ´90. La modalidad delictiva fue entonces la misma: la organización a la que pertenecía el acusado se dedicaba entonces a la construcción y comercialización de edificios que no llegaban a ser habilitados porque violaban el Código de Planeamiento Urbano.

La Justicia concluyó en 1999 -tras diez meses de juicio oral y público- que el ex presidente del desaparecido Concejo Deliberante de Buenos Aires, José Manuel Pico, encabezaba la asociación ilícita que se quedaba con el dinero de las personas que abonaban sus propiedades en pozo. En tanto, el padre del dueño de la firma que opera en Mar del Plata era el titular de la sociedad formal y su nombre, posteriormente, aparecería en los medios de comunicación vinculado al de Carlos Salvatore, el fallecido abogado líder de la organización narcotraficante más grande que se descubrió en el país tras el denominado operativo “Carbón Blanco”.

Cabe recordar que, como informó LA CAPITAL en agosto de 2016, la banda desbaratada había ordenado la construcción de nueve edificios en Mar del Plata con el objetivo de lavar el dinero proveniente del tráfico de estufefacientes. Algunos de ellos no fueron terminados y al día de hoy sólo presentan sus “esqueletos” en distintos puntos de la ciudad.

Con todos esos datos, Battistoni Calabrese se presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos y denunció a los tres hombres con los que tenía contacto tras consumar la operación -padre, hijo y agente inmobiliario- y a la mujer que oficiaba de empleada administrativa por considerar que conforman una asociación ilícita dedicada a estafar a sus clientes compradores de inmuebles.

El caso quedó a cargo del fiscal David Bruna, que en los próximos días instruirá distintas medidas con el objetivo de determinar en detalle cómo se produjeron las operaciones presuntamente fraudulentas, y tomar conocimiento también de las demás demandas presentadas por particulares en la Justicia Civil, que serían más de 60.