Luego de que la ANSES comunicara que la ex presidenta Cristina Kirchner comenzará a percibir una pensión mensual bruta de 15.683.154,06 a partir de agosto, el Gobierno nacional dispuso que implementará dos descuentos sobre dicho total, en virtud de una medida cautelar emitida por la Justicia.

Recientemente, el organismo previsional informó a la Justicia que restablecerá provisoriamente uno de los beneficios que Cristina Kirchner gozó hasta noviembre de 2024, los cuales habían sido suspendidos tras su condena en la causa Vialidad.

A raíz de esta situación, a Cristina Kirchner se le estaban haciendo deducciones por las contribuciones a la obra social e impuesto a las ganancias.

Producto de esta decisión judicial, el Gobierno decidió que dejará de abonarle a la ex presidenta “el pago del adicional por zona austral”, con el argumento de que ella se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en la Capital Federal.

Además, se le descontará una suma mensual de $3.136.630,81 hasta alcanzar un total de $660.052.338,87, monto que se considera que fue percibido indebidamente durante años.

Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner recibió dos asignaciones bajo la Ley 24.018, que regula los beneficios de expresidentes y exvicepresidentes.

Una de estas asignaciones correspondía a su jubilación como ex presidenta, y la otra era una pensión por la muerte de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.

Ambos ingresos fueron suspendidos luego de que ella fuera condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

En cuanto a los argumentos del Gobierno y la prolongada disputa en la Corte, la ANSES informó que cumplirá con la medida cautelar que dispone el restablecimiento del beneficio, pero ratificó que sigue en curso el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema para intentar dar vuelta esa decisión.

El organismo sostiene que Cristina Kirchner no debería recibir un régimen previsional privilegiado dada su condena firme por delitos contra la administración pública.

En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano mantiene vigente su apelación ante la Corte Suprema para anular la medida cautelar.

El Gobierno asegura que intentará todos los caminos judiciales para evitar que la expresidenta reciba una asignación excepcional, considerando que la Ley 24.018 reconoce este régimen como un reconocimiento al “honor, mérito y buen desempeño en el cargo”, condiciones que consideran incompatibles con su condena firme por corrupción.