La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma enviaron una carta documento a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, para impugnar la Resolución 4/2026, que fijó el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Ambas centrales exigen que el Gobierno convoque nuevamente -y de manera presencial- al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, al considerar que el procedimiento utilizado fue irregular y que el monto definido resulta insuficiente frente al aumento del costo de vida.

Las organizaciones sostienen que la resolución es “nula de nulidad absoluta e insanable”, ya que el salario mínimo habría sido fijado sin respetar el procedimiento previsto en la Ley 24.013, ni fundamentar adecuadamente los criterios utilizados para determinar los incrementos. Según la presentación, la decisión oficial no contempló la evolución real de la inflación ni los objetivos constitucionales y legales que debe cumplir el SMVM.

Las CTA remarcan que, a agosto de 2026, la inflación interanual alcanzó el 33,3%, mientras que el salario mínimo solo aumentó 16,96% en el mismo período. Esa diferencia, advierten, profundiza la pérdida del poder adquisitivo y deja al SMVM por debajo de la Canasta Básica Total, afectando especialmente a los trabajadores de menores ingresos y agravando las condiciones de vida en los sectores más vulnerables.

En la carta documento, ambas centrales reclaman que el Consejo del Salario deje de funcionar como una instancia “meramente formal” y que se garantice un proceso real de negociación y diálogo social, donde las partes puedan presentar propuestas, discutir alternativas y buscar acuerdos efectivos. Subrayan que la fijación del salario mínimo debe surgir de un debate transparente y participativo, y no de decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.

Por estos motivos, las CTA intiman a la ministra Petovello a convocar nuevamente al Consejo en un plazo de 48 horas y a revisar de manera urgente el monto del SMVM. Además, advierten que, si no obtienen una respuesta, iniciarán acciones administrativas, judiciales y presentaciones ante organismos nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vinculadas al salario mínimo.