Por Bruno Verdenelli
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Cuando el próximo lunes 3 de agosto los instructores judiciales del fuero laboral local regresen a sus puestos tras la feria judicial de invierno, podrían encontrarse con una doble novedad. Si finalmente se concreta la mudanza prevista, comenzarán a trabajar en un edificio nuevo, ubicado en la zona de Tribunales, despidiéndose así de la sede alquilada cerca de la vieja terminal, donde permanecieron durante años.

El cambio edilicio, sin embargo, difícilmente modifique la exhaustiva rutina que los espera del otro lado del escritorio. Porque las demandas siguen llegando a un ritmo cada vez mayor… Los números hablan por sí solos: durante 2023 ingresaron 5.477 expedientes; en 2024 fueron 6.025 y en 2025 alcanzaron los 6.655. Sólo entre enero y mayo de este año ya se habían iniciado otros 2.879 procesos judiciales. Traducido a la actividad cotidiana, significa que cada uno de los cinco juzgados laborales de Mar del Plata recibe, en promedio, alrededor de cuatro demandas nuevas por día.

La imagen resume mejor que cualquier definición el momento que atraviesa el fuero compuesto por los jueces Alejandro Javier Escobar, José Mereb, Carlos María Cordero, Graciela Eleonora Slavin, Cecilia Beatriz Bártoli, Marcela Edith Ramos, Fernando Novoa, Ricardo Martín Scagliotti, María Jose Beldarrain, Erika Graciela Salette, Natalia Andrea Gómez y Stella Maris Moscuzza. Mientras se prepara para estrenar edificio, deberá seguir absorbiendo una litigiosidad creciente con una estructura que todavía espera la cobertura de tres vacantes producidas por recientes jubilaciones y desvinculaciones de exmagistrados.

Pero detrás de esa estadística aparece una pregunta mucho más amplia que la mera carga de trabajo judicial. ¿Qué dicen realmente esos números sobre el mercado laboral marplatense? La respuesta, según pudo reconstruir LA CAPITAL a partir de reunir datos oficiales para este informe, y de realizar entrevistas con representantes de los principales sectores involucrados, está lejos de las simplificaciones con las que habitualmente se plantea el debate.

Una tendencia que no se detiene

En 2022, año en el que se creó y entró en funcionamiento el quinto y último juzgado, hubo más de 4.000 demandas. Desde entonces, la serie estadística permite observar una tendencia sostenida de crecimiento.

El salto de 5.477 expedientes en 2023 a 6.655 durante 2025 representa un incremento cercano al 22% en apenas dos años, mientras que el promedio diario de ingresos continúa en aumento.

No se trata de un fenómeno aislado de un juzgado en particular. Es una realidad que atraviesa a todo el fuero laboral marplatense. Y, al mismo tiempo, coincide con un contexto económico particularmente delicado para la ciudad.
Según las cifras que dio a conocer esta semana el Indec, el desempleo volvió a crecer durante el primer trimestre de 2026 hasta alcanzar al 9,3% de la Población Económicamente Activa (PEA), con unas 32.000 personas sin trabajo. También aumentaron la subocupación y la cantidad de personas que, aun teniendo empleo, buscan otro.

Dos fenómenos avanzan en paralelo entonces: aumentan las demandas judiciales y empeoran los indicadores laborales. Pero eso no significa necesariamente que uno explique al otro…

El dato que cambia la lectura

Existe un aspecto de la litigiosidad laboral que suele quedar fuera del debate público. No todas las demandas enfrentan a trabajadores con empleadores.

El relevamiento realizado sobre uno de los juzgados laborales de Mar del Plata (fuero que también abarca localidades de la zona) muestra que alrededor de una cuarta parte de los expedientes iniciados durante los últimos dos años tuvo como demandadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). En 2024, de 1.220 demandas, 315 correspondieron a ese tipo de reclamos. En 2025 fueron 303 sobre un total de 1.317.

La diferencia no es menor. Mientras buena parte del debate gira alrededor del supuesto impacto de los juicios laborales sobre las empresas, una porción significativa de la actividad cotidiana de los tribunales está vinculada con accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y conflictos con las aseguradoras.

El dato adquiere todavía más relevancia cuando se observa qué ocurre con las causas que efectivamente llegan a sentencia. Según la información obtenida para este informe, alrededor del 70% de los expedientes que no terminan mediante acuerdos entre las partes y requieren un fallo judicial corresponden precisamente a litigios contra las ART.
En otras palabras, las aseguradoras concentran la mayor parte de las causas que demandan el trabajo jurisdiccional más intenso.

Una reforma que abre interrogantes

En medio de ese escenario comenzaron a regir importantes modificaciones en la legislación laboral. La sanción de la Ley Bases en julio de 2024 y, más recientemente, la Ley de Modernización Laboral en marzo de este año, incorporaron cambios que todavía empiezan a recorrer los tribunales.

Para el abogado especializado en litigios laborales Miguel Ángel Moyano, la nueva normativa podría incluso generar nuevas fuentes de conflicto. Menciona, entre otros aspectos, las modificaciones introducidas en la forma de calcular determinadas indemnizaciones y la eliminación de conceptos que hasta ahora eran reconocidos por la jurisprudencia bonaerense.

“Vamos a ver qué dicen los jueces”, resume. Su pronóstico es que varias de esas cuestiones volverán a discutirse en los tribunales hasta que existan criterios consolidados.

Miguel Ángel Moyano, abogado laboralista.

Paradójicamente, una ley impulsada con el objetivo de modernizar el régimen laboral podría terminar generando, al menos durante una primera etapa, nuevos debates en los juzgados.

Mucho más que la “industria del juicio”

Durante años, la llamada “industria del juicio laboral” fue presentada por distintos sectores como uno de los principales obstáculos para la creación de empleo. Sin embargo, las entrevistas realizadas para este informe muestran un panorama bastante más matizado.

Moyano considera que reducir el problema del empleo a la litigiosidad constituye un error. En su opinión, mientras no disminuyan las cargas sociales y no exista mayor actividad económica, el mercado laboral difícilmente se expanda.
También relativiza el concepto de “industria del juicio”. Reconoce que existen abogados que promueven reclamos infundados, pero sostiene que representan una minoría y que el verdadero problema para muchos empleadores está dado por el elevado costo económico que alcanzan las indemnizaciones tras años de inflación.

Desde una posición completamente distinta, el secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, José Luis Rocha, también rechaza que la litigiosidad sea el principal condicionante del empleo. “La llamada ‘industria del juicio laboral no existe’: no pasa del 1% el número de juicios laborales contra los empleadores si se tiene en cuenta la cantidad de trabajadores formales y no formales que hay en la ciudad según la propia cifra del Indec. Y si existen esos juicios es porque antes los demandados infringieron la ley, teniendo gente en negro o mal categorizada”, explica.

José Luis Rocha, secretario general de la CGT regional Mar del Plata.

Para el dirigente sindical, buena parte de las demandas corresponde a conflictos con las ART y no con empleadores. Además, considera que las dificultades para contratar personal obedecen principalmente al deterioro económico, la caída del consumo y el crecimiento de la informalidad. “Si un trabajador estuvo 30 años en una empresa, con un sueldo de 2 millones de pesos, la indemnización por su despido no llega a 70 millones de pesos… Lo de la ‘industria del juicio’ se dice para demostrar que la reforma laboral es buena, pero no es real… No sirve”, señala. Y agrega: Lo único que ha hecho ha sido quitar derechos a los trabajadores. Los empresarios infringen la ley y después obviamente vienen los juicios; lo hacen porque están tapados de impuestos y cargas sociales… Bueno, entonces que reclamen lo que tienen que reclamar, que es que les saquen esos impuestos, no porque el trabajador les hace juicio después porque no cumplen con la ley: despiden más fácil pero no contratan más fácil”.

En tanto, Rocha cree que con la nueva norma, que amenaza a los trabajadores con abonar las costas de los procesos judiciales en el caso de sentencias desfavorables, disminuirán las acciones legales. “¿Quién va a querer hacer un juicio ahora, que si además sale perdiendo no cobra nada y encima tiene que pagar? Además, el trabajador ya está flexibilizado de hecho porque necesita trabajar, hay muchísima gente que ni pregunta cuánto va a cobrar y no si va a estar en blanco o bien categorizada… Esto ya lo habíamos visto en el 2001: la urgencia por trabajar y ganarse la vida está primero, lamentablemente”, añade.

El presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), Blas Taladrid, introduce otro matiz: reconoce que la posibilidad de afrontar un juicio representa un factor que las empresas consideran al momento de incorporar trabajadores, pero sostiene que la incertidumbre jurídica constituye sólo una parte de un problema mucho más amplio.

Blas Taladrid, presidente de la UCIP:

Según plantea, sin consumo, inversión y recuperación de la actividad económica ninguna reforma laboral alcanzará por sí sola para generar empleo.

Por último, la jueza Graciela Eleonora Slavin, de basta trayectoria en el fuero laboral, al ser consultada por LA CAPITAL subraya, de forma contundente, que “lo único” que puede y quiere “decir públicamente” es que “las leyes no crean empleo”.

Coincidencias

Quizás el dato más llamativo de todas las entrevistas realizadas entonces no sean las diferencias, sino las coincidencias. Aunque parten de intereses claramente distintos, jueza, abogado laboralista, sindicalista y representante empresario convergen en un punto central: ninguno considera que la reforma laboral, por sí sola, vaya a modificar sustancialmente el mercado de trabajo.

También coinciden en que el nivel de actividad económica seguirá siendo el principal factor para explicar la evolución del empleo.

Las discrepancias aparecen cuando se discute cuánto influye la litigiosidad, cómo deberían modificarse las normas laborales y quién debe asumir los costos del sistema.

Un debate que recién empieza

Mientras los empleados judiciales preparan cajas para una mudanza largamente esperada, las cifras muestran que el trabajo dentro del fuero laboral difícilmente disminuya en el corto plazo.

Los expedientes siguen creciendo. Las reformas legales recién comienzan a aplicarse. Y el mercado laboral atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años…

Una fila para buscar empleo en una distribuidora este año en Mar del Plata.

En ese escenario, los datos permiten arribar a una primera conclusión: la litigiosidad laboral en Mar del Plata existe, aumenta y plantea nuevos desafíos para la Justicia. Pero también muestran que el vínculo entre ese fenómeno y la creación de empleo está lejos de ser lineal.

Las estadísticas, los expedientes y las voces de quienes conviven diariamente con el sistema describen una realidad mucho más compleja que los eslóganes con los que, desde hace años, suele resumirse el debate.