En medio del escándalo de la construcción de cabañas en terrenos de la Municipalidad a metros del mar, el intendente Carlos Arroyo dispuso este jueves la caducidad del permiso precario de la Asociación Civil Rancho Móvil de la Costa, la entidad responsable de mantener en condiciones el predio situado en el kilómetro 544 de la ruta 11.

La decisión, que se tomó un día después de que LA CAPITAL difundiera la denuncia de vecinos y ambientalistas, fue oficializada a través de un decreto refrendado por la presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler, y el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente.

El jefe comunal le otorgó cinco días hábiles a la entidad para proceder a la desocupación de la unidad turística fiscal, un sector que además había sido declarado Reserva Turística y Forestal.

La unidad deberá ser entregada a la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales dependiente del Emtur, que “tomará inmediata posesión del predio y dispondrá las medidas de resguardo que considere pertinentes”.

Según el permiso original, que data de 2009 y se fue renovando en los últimos años, el permiso precario le permitía a Rancho Móvil la instalación de “casillas rodantes y afines” hasta que se adjudicara la unidad turística por licitación.

Entre los fundamentos del decreto, el Ejecutivo recordó que el permiso obligaba a la permisionaria a realizar obras de infraestructura, recuperación paisajística y “equipamiento de apoyatura de la actividad a desarrollar, con accesos y áreas de uso público, baterías de sanitarios públicos de libre acceso, mejoras en los caminos de acceso, delimitación de áreas con vegetación y elementos naturales, iluminación, plan de forestación y bajada al sector playa”, entre otros.

Sin embargo, “a la fecha se ha detectado la instalación de construcciones que distan radicalmente de constituir casillas rodantes o afines”, agrega la decisión oficial. Y señala que hay “construcciones en seco ancladas a la tierra a través de pilotes de cemento, con la instalación de cocinas y baños con tuberías con destino incierto”.

El intendente mencionó también “la tala indiscriminada de especies forestales del sector y el incumplimiento generalizado de las demás obligaciones impuestas”.

Destacó que esas construcciones fueron denunciadas “por diversos colectivos preocupados por la invasión del espacio público”.

Recordó además que, cuando la entidad fue intimada, señaló que esas construcciones se denominan “reparos y/o afines” y pertenecen a sus asociados, pero negó que se encuentren fuera de la normativa.

Consta en los fundamentos del decreto que la Asesoría Letrada del Emtur concluyó que a raíz de los incumplimientos detectados correspondía decretar la caducidad del permiso precario con pérdida de la garantía contractual y la inhabilitación del permisionario por un período de cinco años.

También fue consultada la Dirección de Cooperación Internacional y relaciones con las ONG, que informó que estaba suspendida en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público. “No solo estamos en presencia de irregularidades fácticas como las señaladas, sino que se le agrega la falta de legitimidad”, concluyó el Ejecutivo.