“Usted va a seguir detenida pero en su casa”, esa es la frase que escuchan diariamente las mujeres que, por resoluciones judiciales, continúan su arresto de manera domiciliaria. Mientras se encuentran en la cárcel, el Estado está obligado a darles alimentación, vestimenta y cama. Sin embargo, cuando permanecen bajo arresto domiciliario “no les dan absolutamente nada porque no existe un plan de sociabilidad”, aseguró Ricardo Mendoza, Defensor Oficial y docente de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, a Portal Universidad.

Mendoza también es codirector del proyecto de extensión “Tejiendo vínculos: construyendo herramientas para la libertad” de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la UNMDP que, junto a María Ana Costa, Lucía Ivorra y Julieta Torres, tiene como objetivo principal la asistencia a aquellas mujeres que se encuentran en situación de arresto domiciliario por resoluciones judiciales en el ámbito penal.

El referente del equipo remarcó la necesidad de acompañar a estas mujeres “que están absolutamente estigmatizadas por la sociedad, catalogadas como delincuentes y como malas en términos de sentido común. Este proyecto, en su subjetividad, las hace sentirse parte de la comunidad y no verse como seres excluidos que sufren esta situación por la ausencia del Estado”.

Mendoza explicó que “si vos como Estado asumís la reinserción social, también tenés que asumir los mecanismos y las herramientas que son necesarias para ese proceso porque sino estás incumpliendo con el mandato que vos mismo estás generando”.

Siendo una suerte de intermediarios entre la comunidad y las mujeres en esa situación, el docente indicó que “la única manera de ayudarlas a cubrir la mayor cantidad de necesidades posibles es acercándolas a la sociedad, tanto a las instituciones públicas como a las privadas”. Así es como se materializa el convenio firmado el pasado miércoles con UTHGRA donde les “ofrecieron incorporar a las mujeres que estén en arresto domiciliario a sus cursos de capacitación laboral, que son de alta calidad y con salida laboral”, confirmó.

Sin dudas este acompañamiento fue recibido con mucha emoción por parte de las mujeres que, lamentablemente, “hasta se sorprendían porque no podían creer que alguien se les acerque y les quiera dar una mano. No saben la necesidad que tienen de afecto, de atención, de predisposición y de que les devuelvan su condición de ser humano”, reveló.

En comparación a las mujeres que se encuentran detenidas en las unidades penales, Mendoza afirmó que las que se encuentran en situación de arresto domiciliario “están aún peor porque muchas de ellas, al vivir en estas sociedades absolutamente machistas y patriarcales, se tienen que hacer cargo de los hijos. Nosotros hemos relevado a mujeres hasta con 10 hijos convivientes, hemos llevado 7 colchones para que los chicos no duerman en el piso. El Estado las manda presas a sus casas y no se hace cargo de absolutamente nada”.

A partir del proyecto de extensión “siempre” están planificando “cubrir sus necesidades a través de convenios divididos en áreas temáticas”. “Ahora nos estamos concentrando en capacitación laboral pero tenemos abierta la posibilidad de cubrir todo lo que tiene que ver con educación, la inclusión al plan fines y el acceso a la salud no solo de ellas sino también de sus hijos”, afirmó.

Actualmente, “estamos intentando con la Dirección de Odontología de la Municipalidad de General Pueyrredon para ver si nos abren las puertas a una atención direccionada hacia las mujeres que están en esta condición de encierro en sus casas y también hacia sus hijos”, declaró Mendoza mientras explicó que el proyecto tiene como objetivo paralelo visibilizar esta situación.

“Estamos trabajando en la idea de un plan de sociabilidad como un proyecto de ley para que las mujeres vayan a arresto domiciliario con una planificación social de vida, que implique la cobertura de estas necesidades básicas”, concluyó.