Médicos bonaerenses cuestionaron la medida cautelar contra el Sanatorio Otamendi y sus profesionales que obligó a administrar dióxido de cloro a un paciente con coronavirus luego de que un juez autorizara la prescripción de ese producto, y dijeron que es “un muy peligroso antecedente para la salud pública” en Argentina y para los trabajadores e instituciones de salud “que deben enfrentar la difícil situación de pandemia”.

Mediante un comunicado, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba) afirmó que “los médicos deben prescribir los medicamentos autorizados por la Anmat para los usos establecidos en el prospecto” y que “el uso fuera de prospecto, que es de exclusiva responsabilidad del médico tratante, es una práctica que se basa en el conocimiento científico y la experiencia del profesional”.

Sobre el caso del paciente del Sanatorio Otamendi, quien murió en esa clínica porteña luego de haberle administrado dióxido de cloro, advirtieron que “no se dispone de esa evidencia científica para las dos prescripciones indicadas, ni la especialidad del médico que las indicó supone ninguna experiencia en el tratamiento de pacientes afectados de Covid-19”.

“Los jueces no deben dirimir diferencias de escuelas médicas cuando esas diferencias en los métodos y materiales utilizados no afectan en modo importante a los resultados esperables para el beneficio y la seguridad de los pacientes”, afirmó Juan Carlos Tealdi, coordinador de la Comisión de Bioética de la Fundación Femeba.

Consenso

Y agregó: “El consenso internacional indica que los pacientes afectados de Covid-19 de ningún modo deben ser tratados con dióxido de cloro intravenoso, ni tampoco deben ser tratados con ibuprofeno inhalado en el estado actual de los conocimientos”.

Por su parte, el presidente de la entidad, Guillermo Cobián, indicó que Femeba “se opone de manera férrea a esta situación, donde la justicia obligó a colegas a realizar una práctica que conlleva riesgos graves para la salud del paciente y que no posee ningún tipo de sustento científico”.

“Queda claro en este caso que, desde el punto de vista normativo, administrativo, ético y profesional, ni los profesionales ni el Sanatorio tienen la obligación de administrar un tratamiento que no tiene fundamento. Y menos, el deber de no administrarlo”, aseveró.

Además. Femeba consideró que la medida dispuesta por el juez interviniente contra el Sanatorio Otamendi y sus profesionales “debe ser rechazada del modo más enérgico”.

“Es un muy peligroso antecedente para la salud pública en nuestro país y para los trabajadores e instituciones de salud que deben enfrentar la difícil situación de pandemia”, opinaron desde la Federación y concluyeron que “los jueces ante temas vinculados con la medicina, deben consultar con instituciones científicas o expertos, tanto del ámbito público como privado”.