El Concejo Deliberante empezó este lunes el tratamiento del proyecto que busca declarar la emergencia en seguridad vial por un año y resolvió pedir una serie de informes al Ejecutivo para avanzar con el debate.

El proyecto impulsado por Unión por la Patria (UxP) tiene como propósito destinar más recursos a la prevención de siniestros de tránsito y disminuir así la cantidad de heridos y fallecidos. 

En concreto, la iniciativa apunta a “promover, dotar y equipar de herramientas para el control del tránsito urbano con el objetivo de fortalecer el desarrollo de sus tareas de prevención”.

También intenta impulsar campañas de concientización sobre seguridad vial y “obras menores de infraestructura en sectores de mayor cantidad de siniestros y accidentes registrados”.

Otro eje es “aumentar el volumen y la operatividad de los controles de tránsito, no solo en zonas de esparcimiento nocturno, sino de manera itinerante en los accesos a la ciudad y en horarios diurnos”.

Durante el debate, el concejal Diego García (UxP), autor de la propuesta, indicó que ya hay 29 personas fallecidas por siniestros viales en lo que va del año. A su vez, en 2025 ingresaron al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) 2.275 pacientes por accidentes, lo que representa casi el 40% del total de los heridos que fueron atendidos. 

“Semana a semana se agregan nuevas víctimas. Una cada 15 días. La palabra emergencia es real”, advirtió el edil.

Según el legislador, esta situación “obliga a tomar decisiones políticas sobre cómo mejorar la circulación en la vía pública”, luego de años en los que “los recursos no se han invertido de la manera correspondiente”.

En la misma línea, García reclamó más controles en las principales arterias de la ciudad y mayor infraestructura: “Se caen los semáforos y hay falta de señalización y demarcaciones de líneas amarillas y sendas peatonales”, graficó.

“El proyecto es una herramienta para el Ejecutivo para que pueda disponer de partidas especiales y hacer contrataciones directas. Lo que no puede es no hacer nada”, planteó el edil opositor, quien recordó que el Observatorio de Seguridad Vial no brinda datos actualizados desde el primer semestre de 2023.

Por su parte, Marcelo Cardoso (PRO) reconoció que la seguridad vial es “una preocupación central” y que se debe “trabajar para bajar la siniestralidad”.

Sin embargo, consideró que “declarar la emergencia es una decisión institucional importante, tiene consecuencias presupuestarias, administrativas y operativas”. Por este motivo, pidió una serie de consultas al Ejecutivo para contar con “información oficial y actualizada”. 

En tanto, Vilma Baragiola (UCR) acompañó el espíritu del proyecto, aunque se alineó con el edil oficialista y subrayó la necesidad de pedir informes al gobierno local. 

“El proyecto es bueno, agiliza el uso económico para la inversión por parte del Ejecutivo. Y busca dar respuestas mucho más rápido. Pero necesitamos información para tener la certeza de que el municipio va a poder implementar la emergencia”, explicó.

En definitiva, los bloques acordaron dejar el expediente en comisión y solicitar informes a Legal y Técnica para que analice la viabilidad jurídica del proyecto; a Tránsito para que detalle las estadísticas, controles y políticas vigentes en materia vial; al Emvial (Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público) para que precise las obras en puntos críticos e intervenciones posibles; y al área de Salud y al HIGA para tener datos sobre la cantidad de personas que ingresan a guardias por siniestros.