(Por Silvina Molina).- El aumento de centros de salud que garantizan el aborto legal, la desigualdad entre provincias en el acceso al derecho, el récord de consultas sobre la práctica, el incremento en la distribución de misoprostol y la necesidad de mayor difusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es el balance del primer aniversario de aplicación de la norma sancionada el 30 de diciembre del año pasado.

Hoy, a través de un pronunciamiento, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, resaltó que la ley 27.610 de IVE “es un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos” que “cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado”.

Y valoró que “es una ley que permite elegir y no pagar esa elección con la salud, con la vida o con la libertad. Es una ley contra el disciplinamiento y la violencia sobre nuestros cuerpos”.

Los datos oficiales indican que fueron 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021.

También que hay 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica, lo que implica una implicación de la oferta de un 30% en el último año, tal como explicó el último miércoles la ministra de Salud Carla Vizzotti durante un desayuno con periodistas del que participaron su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la Secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra.

Línea 0800

Otro dato positivo es que la línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo entre enero y noviembre, cuando en los diez años previos respondió en total 17.302 llamados vinculados a este derecho.

La información de la Cartera de Salud también indica que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos, mientras que en 2020 la cifra total fue de 18.590 unidades.

En su documento, la Campaña pidió acceso a la la mifepristona “un medicamento que garantizaría mejor atención” a quienes deciden interrumpir un proceso gestacional.

Al respecto Vizzotti adelantó que se han realizado “importantes avances” tanto para iniciar la producción local mifepristona de por parte del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe como para alcanzar la aprobación por parte de la Anmat.

La Campaña también exigió “la efectiva implementación de la ley” ya que según relevamientos realizados por las más de 40 regionales que integran la organización federal el acceso al derecho al aborto “es desigual en todo el territorio nacional”.

A la misma conclusión arribó el estudio del proyecto Mirar del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, que analizó la aplicación de la norma.

En un anticipo del proyecto publicado por Télam el 15 de diciembre se develaron las desigualdades entre las provincias, ya que la tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6.