Recorridos que no excluyan a ningún barrio, frecuencias que se cumplan, una mayor cantidad de colectivos con pisos bajos y una tarifa plana para todos los usuarios fueron algunos de los planteos que realizaron hoy entidades y vecinos en el marco de la audiencia pública informativa sobre el pliego del transporte.

En una jornada maratónica en la que hubo más de 220 inscriptos para el uso de la palabra a través de la plataforma Zoom ––que en algunos casos se ausentaron–, las autoridades municipales escucharon desde el recinto de sesiones del Concejo Deliberante reclamos y pedidos de modificación al proyecto oficial que se trata en la comisión de Transporte.

Gran parte de las propuestas, como las de acortar los 20 años de concesión previstos o establecer una cláusula antimonopólica, ya habían sido escuchadas durante las siete reuniones con organizaciones intermedias que llevó adelante la comisión.

Juan Carlos Tragnec, de la asociación de fomento del barrio 2 de abril, afirmó que en el pliego “no está contemplado el crecimiento de la zona norte, de Constitución a Colonia Barragán”, y pidió “un solo boleto para toda la ciudad”. “No merecemos pagar un boleto diferenciado”, indicó.

En el mismo sentido se pronunciaron otros vecinos de barrios alejados del centro o zonas periféricas. María Cecilia Zampini, de la asociación de fomento Los Acantilados, aseveró que “no se tiene en cuenta a todo General Pueyrredon”. Y si bien sostuvo que “la tarifa plana es sumamente importante y democrática”, también podría contemplarse una “segmentada” para respetar la dinámica de algunas zonas en las que los vecinos necesitan el colectivo para trasladarse de un barrio a otro.

Según el proyecto oficial, el cuadro tarifario va a estar integrado por el boleto plano y los boletos que hoy integran las áreas suburbanas, por lo que se mantendría el esquema actual. La novedad es que el transbordo sería gratuito para todos.

Silvia Borrili, del Centro de Estudios Políticos Encuentro (CEPE), advirtió que “los habitantes y los trabajadores de área rurales y semirrurales carecen de un servicio público que los iguale al resto”.

Por su parte, entidades vinculadas con la discapacidad volvieron a manifestar la necesidad de que haya más unidades con pisos bajos. El pliego establece que en un principio será obligatorio para el 9% de las unidades de la línea anular, lo que implica el 5% del total. La intención oficial es ir incrementando con los años ese porcentaje.

Nora Demarchi, de la Facultad de Arquitectura e integrante del equipo técnico del Plan Municipal de Accesibilidad (Plamac) reclamó que en un principio haya “un 30%” de colectivos con pisos bajos. En la misma dirección se expresó el defensor del pueblo Fernando Rizzi. “Con los porcentajes que establece el pliego, recién a los nueve o diez años de concesión habría una alternancia de un micro con piso bajo por cada uno común”, interpretó.

El secretario general de la CGT, Miguel Guglielmotti, aseguró que en el proyecto “no hay mejoras sustanciales a la problemática que hoy sufren los usuarios”. A su entender, hay “recorridos que no llegan ni llegarán a diferentes puntos de la ciudad y barrios que están y continuarán estando aislados”. También se quejó porque “no está previsto mejorar las condiciones de las garitas”.