Un recluso de la cárcel de Batán se suicidó en las últimas horas luego de que el juicio que esperaba tras ser acusado del delito de “tentativa de homicidio” fuera postergado por la pandemia del coronavirus.

Se trata de Octavio Sosa, quien llevaba detenido en la Unidad Penal Nº 15 casi dos años por dispararle a un vecino del barrio Las Heras en una pierna durante una pelea. La causa en la que estaba imputado fue elevada a debate oral en 2020 y debía realizarse hace más de seis meses. Sin embargo, producto de la suspensión de las actividades en Tribunales el juicio quedó suspendido y se fijó como nueva fecha el 4 de febrero.

Es decir, Sosa iba a ser juzgado hoy y, si la estrategia de su abogado Mauricio Varela prosperaba, era posible que recuperase la libertad. Al menos, esa era la información que el recluso tenía: el letrado le había explicado que, por una posible modificación de la tipificación del delito del que se lo acusaba y el tiempo que llevaba en libertad, podía recuperar la libertad en estas horas.

Según pudo saber LA CAPITAL tras consultar fuentes del caso, para el representante legal de Sosa los jueces del Tribunal Oral Nº 2 podían considerar que, en vez del delito de “tentativa de homicidio”, el imputado había sido autor del de “lesiones graves”. Si las pruebas así lo determinaba y la figura se modificaba y producía una condena acorde a esta última, por la cantidad de tiempo que su cliente había pasado detenido bajo prisión preventiva podría recuperar la libertad luego de la sentencia en primera instancia.

De esta forma, Sosa aguardó la llegada de este jueves 4 de febrero pero este martes, cuando debía realizarse la audiencia previa, Varela recibió la notificación de que esa diligencia y el debate iban a ser aplazados nuevamente por problemas para llevar a cabo los protocolos previstos por el Covid-19 y cuestiones vinculadas a la agenda de Alejandro Pellegrinelli, el fiscal del caso que ya había ofrecido un acuerdo de juicio abreviado que fue rechazado por la defensa porque determinaba una pena de 6 años de prisión.

La razón de esa negativa fue, precisamente, que Varela tenía decidido que el hecho fuera ventilado en un debate oral para intentar una modificación de la carátula delictiva en la sentencia de los jueces. El abogado consideraba, en efecto, que su cliente le había disparado a la víctima en una pierna y por eso podía ser considerado autor del delito de “lesiones graves” y no de “tentativa de homicidio”, como sostenía el fiscal en el ofrecimiento para el acuerdo entre las partes. Además, aceptar dicha propuesta imponía que Sosa continuara detenido, y a través de un juicio oral tal vez podía llegar a lograr que recuperara su libertad.

En ese marco, el letrado le comunicó a su cliente lo que había ocurrido y presentó un recurso ante la Justicia para demostrar que esta nueva suspensión lo perjudicaba y lo dejaba en un estado de indefensión, debido a que su salud emocional era delicada y le provocaba cuadros de depresión y ansiedad producto del encierro y la incertidumbre sobre su situación procesal. En ese documento, Varela cuestionó al Estado por su falta de recursos y definición de protocolos para establecer una “nueva normalidad” que permita resolver este tipo de casos de reclusos que aguardan ser juzgados y sus prisiones preventivas comienzan a vencerse, luego de casi un año de pandemia y ausencia de debates orales.

Finalmente, este jueves a la madrugada Varela fue notificado de que su cliente se había suicidado: personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lo halló colgado en el interior de su celda del pabellón 8. Poco antes, le había pedido el teléfono celular a otro preso, en el que le escribió un mensaje de despedida a sus familiares.

Octavio Sosa.