Miércoles,13 de Mayo de 2026
La Libertad Avanza eliminó el capítulo más resistido del proyecto sobre propiedad privada tras objeciones de aliados. Busca ahora acuerdos por tierras, desalojos y manejo del fuego para avanzar con el dictamen esta semana.
La iniciativa habilita la compra de tierras por parte de extranjeros sin límites y modifica el régimen de barrios populares. La UCR, el PRO y aliados reclaman ajustes y ponen en duda su tratamiento en comisión
El organismo aprobó una actualización del 211% y elevó el Aporte No Reembolsable para una empresa privada a casi $889 millones.
El grupo Soporte, integrado por profesionales, estudiantes y voluntarios, completó el 90% de una obra de mil conexiones. Resta que el Gobierno deposite los fondos para completar el tramo final. El trabajo, articulado con cooperativas, iglesias, OSSE y EDEA, priorizó la capacitación y contratación de vecinos.
Un muestreo de "Somos Barrios de Pie" expone que el 73% consume menos proteínas y el 66% tuvo menor acceso a alimentos en general. Además, el 75% tuvo que pedir dinero o endeudarse para llegar a fin de mes. "Las familias no llegan a comer: algunas lo hacen solo una vez al día y otras resienten el alimento para que coman los niños", alertaron.
Hay unos 2000 en toda la provincia y el 70% está en el AMBA, pero Mar del Plata presenta un "complejo" escenario con 50.000 personas en situación de vulnerabilidad en unos 100 barrios populares. "Con política de Estado, reurbanizar es posible", afirman desde el OPISU, que trabaja para llegar con obras de servicios, viviendas y políticas de integración a cada comunidad.
Así lo relevó el Isepci, que encuestó a los jefes de 773 hogares, de los cuales casi el 40% vive en condiciones de "hacinamiento crítico". El relevamiento también analizó el acceso a la alimentación, educación, salud y empleo, entre otros ejes.
La normativa busca determinar e individualizar los bienes de estos terrenos. Se deberá brindar información catastral con nomenclatura catastral y número de partida, y padrón o matrícula catastral de los inmuebles afectados.
La iniciativa propone prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años y agilizar los procesos administrativos. Busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social.
La iniciativa se creó el 30 de junio de 2020, con una duración inicial de dos años y financiamiento a través de Aportes No Reembolsables (ANR) por $ 1.000 millones.
