El primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, anunció su renuncia como gesto de protesta por la muerte de al menos tres personas en las manifestaciones en las que una multitud exigió la salida del Ejército del poder, en un fuerte desafío al compacto operativo de seguridad.

“Anuncio mi dimisión del cargo de primer ministro, dejándolo a otros hijos e hijas de mi patria, para que sigan gobernando la querida patria y pasen con ella lo que queda del período de transición hasta un estado civil y democrático”, anunció Hamdok en un discurso transmitido en la televisión estatal.

Hamdok le reprochó al Ejército que se había firmado un acuerdo entre las fuerzas civiles y militares que incluía un compromiso de evitar “el derramamiento de sangre”.

“Hemos presentado varias iniciativas que han caído en oídos sordos”, lamentó, y advirtió que el Ejecutivo de transición afrontó desafíos como el aislamiento internacional, la corrupción y la deuda.

Aún así, destacó importantes avances en particular en el ámbito de la pacificación: “Hemos hecho un esfuerzo para sacar al país del aislamiento internacional y volver a integrarlo en la comunidad internacional”, explicó.

El discurso televisado coincidió con el 66º aniversario de la independencia de Sudán y el tercer aniversario de la salida del poder del dictador Omar Hasán al Bashir, pero también fue apenas horas después de que una enorme manifestación a las puertas del palacio presidencial dejara dos o tres muertos, según distintas fuentes.

“Intenté lo mejor que pude impedir que el país se hundiera en la catástrofe, pero hoy vive un giro peligroso que amenaza su supervivencia debido a la fragmentación de las fuerzas políticas y a los conflictos (entre la parte civil y militar) de la transición. Pese a todo lo que ha sido hecho para lograr un acuerdo, este no se produjo”, agregó Hamdok.

La represión a la protesta no solo incluyó disparos de gases lacrimógenos, sino también el corte del acceso a internet y la telefonía móvil, informó la prensa internacional.

Un sindicato de médicos prodemocracia reportó que efectivos de las fuerzas de seguridad mataron a dos manifestantes en Omdourman, una localidad suburbana de Jartum, pero más tarde una agencia de noticias subió a tres la cifra de muertos.

Las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente a los manifestantes, según las fuentes citadas.

Con gritos como “el poder al pueblo”, los manifestantes reclamaron a los militares que regresen a los cuarteles.

Jóvenes en moto atravesaron la multitud, dispuestos a ayudar a los heridos, ya que en cada movilización las ambulancias son bloqueadas por las fuerzas de seguridad.

Desde la madrugada estaban bloqueados los puentes que unen Jartum con sus suburbios, así como las principales arterias de la capital, como es usual cada vez que se convoca a una protesta.

Pese a ese despliegue, miles de manifestantes acudieron a la convocatoria “en memoria de los mártires” de la sangrienta represión.

El jueves se produjo un nuevo repunte de la violencia en el país, con la muerte de seis manifestantes, según el sindicato de médicos.

Las fuerzas de seguridad también detuvieron a dos periodistas de un canal de televisión saudita, liberados varias horas más tarde.

Desde el golpe de Estado del general Abdel Fatah al-Burhan, el 25 de octubre, 54 personas –ahora 56 o 57- murieron y cientos resultaron heridas, según el mismo sindicato.

Los manifestantes expresaron su deseo de que 2022 sea “el año en que siga la resistencia” y pidieron justicia no solo para los civiles muertos desde el golpe sino también para las más de 250 personas muertas durante la “revolución” de 2019.

Burhan amplió su mandato en dos años gracias al golpe, que describió como “una corrección del curso de la revolución” que puso fin en 2019 a 30 años de dictadura militar-islamista de al-Bashir.

Pero el general todavía no hizo efectivo el gobierno civil que prometió cuando restituyó al primer ministro Hamdok el 21 de noviembre, tras un mes de arresto domiciliario.

Gobiernos europeos ya expresaron su indignación, al igual que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la ONU.

Todos abogan regularmente por la vuelta al diálogo como condición previa a la reanudación de la ayuda internacional cortada tras el golpe de estado.