Un fiscal marplatense descubrió el funcionamiento de un call center de estafas dentro de una cárcel bonaerense, desde donde un hombre realizaba al menos 50 llamadas diarias para engañar a potenciales víctimas. La investigación permitió establecer que detrás de esas comunicaciones operaba una asociación ilícita con integrantes alojados en tres unidades penitenciarias, que también estaría vinculada
con robos bajo la modalidad de entraderas.

El procedimiento fue realizado el jueves 22 de octubre por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, con la colaboración de efectivos de la DDI de La Plata. Por orden del fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13, se realizaron allanamientos simultáneos en las unidades penales 1 de Olmos y 44 y 15 de Batán.

Como resultado de los operativos, tres presos fueron detenidos y otros dos resultaron aprehendidos. Además, se secuestraron ocho teléfonos celulares, tarjetas SIM y anotaciones que serán analizadas para profundizar la investigación.

El subcomisario Gutiérrez y
las llamadas desde la cárcel

De acuerdo con la investigación, uno de los principales sospechosos es Hugo Franco Miguel, de 62 años, quien se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 1 de Olmos. Los investigadores lo identificaron como el hombre que se hacía pasar por el “subcomisario Gutiérrez” y realizaba llamadas telefónicas para concretar engaños.

El nombre utilizado remite a un personaje de una tira televisiva de ficción. Con esa identidad, los integrantes de la organización se comunicaban con sus potenciales víctimas y recurrían a diferentes historias para conseguir dinero.

Un fiscal marplatense descubrió un call center de estafas dentro de una cárcel 🔴

👉 La investigación del fiscal Mariano Moyano permitió identificar una organización que operaba desde tres unidades penitenciarias y cometía estafas bajo la modalidad del cuento del tío en distintas provincias.

📍Allanaron las cárceles de Olmos y Batán, detuvieron a tres presos y secuestraron ocho celulares. Además, La CAPITAL tuvo acceso al pedido de prohibición de uso de celulares en las unidades penitenciarias.

— Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) October 26, 2026

Entre las maniobras detectadas figuraban falsos avisos sobre familiares detenidos o involucrados en accidentes, llamados de supuestos funcionarios policiales y bancarios, y comunicaciones en las que una persona simulaba ser un hijo para pedir ayuda económica.

Según las tareas de inteligencia, Miguel recibía información sobre posibles víctimas y luego las contactaba desde la cárcel. Los investigadores establecieron que realizaba al menos 50 llamadas por día.

La organización no se limitaba a Mar del Plata. De acuerdo con las actuaciones, también habría operado en otras provincias, entre ellas Neuquén, Mendoza, Córdoba y Salta.

Una organización
con distintos roles

La pesquisa permitió reconstruir la distribución de tareas entre los sospechosos. Según los investigadores, Franco Isaías Miguel, de 29 años, y Jonathan Ezequiel Villalba, de 34, estaban alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán y se encargaban de buscar potenciales víctimas y transmitir sus datos.

Esa información llegaba a Miguel, desde la Unidad Penal N° 1 de Olmos, y a Alejandro Demetrio Rosales, alojado en la Unidad Penal N° 15 de Batán. Los investigadores describieron a estos últimos, junto con Villalba, como los integrantes que ejecutaban las maniobras en Mar del Plata.

La causa se había iniciado a partir de un intento de estafa ocurrido el 8 de julio, cuando tres hombres se presentaron en una vivienda de la jurisdicción de la comisaría duodécima. Primero dijeron ser policías y solicitaron ingresar al domicilio. Luego cambiaron la versión y afirmaron que debían retirar dinero que el propietario tenía guardado.

La actitud de los sospechosos despertó las sospechas del dueño de casa, que ingresó rápidamente y evitó el contacto. Los tres hombres escaparon sin concretar el engaño.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, antenas telefónicas e intervenciones sobre seis líneas, los detectives relacionaron ese episodio con otros hechos investigados por la fiscalía.

Uno de ellos fue una entradera cometida el 14 de julio en una vivienda de la calle Artigas al 700, cuya víctima fue una mujer de 70 años. Según la investigación, varios delincuentes encapuchados y con guantes ingresaron a la casa, maniataron, amordazaron y golpearon a la mujer, a quien también le provocaron cortes en los dedos de un pie.

Los asaltantes escaparon con 600 mil pesos. Rosales fue detenido en relación con ese hecho. Posteriormente, el análisis de su teléfono y el de Villalba permitió avanzar sobre los vínculos entre los sospechosos y el intento de estafa inicial.

Allanamientos simultáneos y nuevas detenciones

Con las pruebas reunidas, Moyano solicitó las órdenes para detener a los sospechosos y allanar las tres unidades penitenciarias. Los procedimientos se realizaron simultáneamente para evitar que los investigados pudieran advertir a otros integrantes o descartar elementos de interés.

En la Unidad Penal N° 1 de Olmos, los efectivos identificaron a Miguel (apodado el “Gitano”) como el presunto responsable del call center y a Joel Hugo Aguirre, de 24 años, como su compañero de celda. Allí secuestraron cuatro celulares y dos tarjetas SIM.

En la Unidad Penal N° 44 de Batán fueron detenidos Franco Isaías Miguel y Alejandro Demetrio Rosales. A este último le secuestraron dos teléfonos, uno de los cuales no tenía declarado, mientras que a Isaías Miguel le incautaron otro dispositivo.

En la Unidad Penal N° 15 de Batán, los efectivos detuvieron a Villalba y secuestraron un celular y documentación de interés para la causa.

Miguel y Aguirre fueron aprehendidos, aunque el fiscal dispuso posteriormente que recuperaran la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras, identificar a otras posibles víctimas y establecer la participación de cada uno de los integrantes en los delitos atribuidos a la organización.

El pedido de Moyano

El fiscal marplatense Mariano Moyano volvió a reclamar que las autoridades bonaerenses prohíban el uso de teléfonos celulares a las personas alojadas en establecimientos penitenciarios. El planteo se sustenta en una investigación a la que tuvo acceso La CAPITAL que permitió documentar más de 10 milllamadas realizadas desde la Unidad Penal N° 1 de Olmos a abonados de distintas localidades del país, en el marco de una organización dedicada a cometer estafas.

Según los registros de las empresas telefónicas incorporados a la causa, los internos efectuaron 5.158 comunicaciones entre el 4 de junio y el 8 de julio, y otras 5.283 entre el 4 de agosto y el 8 de octubre. Los llamados tenían como objetivo obtener información personal y patrimonial de las víctimas, en su mayoría adultos mayores, para conseguir transferencias bancarias o entregas de dinero mediante distintos engaños.

Entre las modalidades detectadas, los sospechosos se hacían pasar por policías y aseguraban que un familiar de la víctima estaba detenido después de atropellar a una mujer embarazada. Con esa excusa, reclamaban el pago de una supuesta fianza y advertían que un efectivo policial pasaría por la vivienda para retirar el dinero.

En otros casos, simulaban ser hijos o sobrinos de las víctimas y les pedían cambiar dólares de manera urgente, bajo el argumento de un supuesto anuncio presidencial. Las intervenciones telefónicas permitieron reconstruir esas maniobras y establecer que la organización tenía integrantes que operaban desde distintas ciudades del país.

De acuerdo con la investigación del fiscal, los presos obtenían información de potenciales víctimas y la transmitían a otros miembros de la asociación ilícita. Cuando no conseguían concretar el engaño por teléfono, algunas de las células se trasladaban hasta los domicilios para intentar consumar la estafa o cometer robos.

Los registros incluyeron comunicaciones con abonados de Mar del Plata y, como se mencionó anteriormente, otras localidades bonaerenses, además de ciudades de distintas provincias, como Rosario, Paraná, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos y Ushuaia.

A partir de estos elementos, Moyano sostuvo que la investigación vuelve a demostrar la necesidad urgente de que las autoridades dispongan la prohibición del uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal advirtió que la utilización de estos dispositivos desde los establecimientos penitenciarios permite planificar y ejecutar distintos hechos ilícitos, entre ellos estafas, defraudaciones informáticas, extorsiones, coacciones y robos agravados. La medida, según planteó, debería apuntar a impedir que las maniobras delictivas continúen organizándose desde el interior de las unidades carcelarias.