El gremio que nuclea a los trabajadores del estado bajo la órbita de ATE/ANAC, realizará el próximo viernes 6 de noviembre una jornada nacional de protesta en más de 27 aeropuertos del país y desplegará un “paro a la japonesa” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery.

Según explicó el Coordinador Nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli a la Agencia Noticias Argentinas, el “paro a la japonesa”, consiste “básicamente, es que el día viernes vamos a controlar la totalidad de las operaciones, de equipos terrestres, de aviones”.

“Todos los vuelos van a tener más controles de lo que habitualmente se hacen, porque la intención es demostrar la importancia del rol del Estado y dado que el Gobierno se ha empecinado en no dejarnos hacer un paro por las vías normales”, señaló.

“Vamos a trabajar más de lo que habitualmente trabajamos para poder demostrar el importante rol del Estado y para generar una sobre carga laboral que identifique y visibilice todo lo importante que tiene que ver con el trabajador del Estado”, explicó.

La organización gremial informó que la medida forma parte de un plan de protesta contra el presunto desfinanciamiento del sistema aerocomercial y los incumplimientos que, según denunciaron, afectan las condiciones de seguridad en las terminales aeroportuarias administradas por el Estado.

En paralelo al esquema de fiscalización reforzada en Ezeiza y Aeroparque, ATE llevará adelante retenciones de tareas en distintas estaciones aeroportuarias del país, una situación que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos. Durante la protesta sólo estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y las operaciones oficiales.

El sindicato presentó formalmente la medida ante la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, y fundamentó la protesta en la necesidad de proteger “la vida física del personal, de las tripulaciones y de los usuarios del sistema aerocomercial”, además de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de aviación.

ATE sostuvo que la situación del sistema aeroportuario registra problemas estructurales de seguridad, entre ellos la falta de equipamiento para combatir incendios, ambulancias fuera de servicio, carencia de insumos sanitarios, ausencia de agentes extintores, déficit de elementos de protección personal y dificultades de mantenimiento en distintas terminales.

La entidad gremial también cuestionó la falta de convocatoria a la paritaria sectorial de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

“¿El Gobierno espera que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto, no hay vuelos seguros”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente responsabilizó al Gobierno por las consecuencias que puedan derivarse de la protesta y remarcó que la organización está notificando las medidas con la anticipación exigida por la legislación vigente.

“Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno. Estamos comunicando la medida de fuerza con la antelación que exige la ley. En varias provincias ya los aeropuertos no funcionan. Van a dejar aislado a todo el interior del país”, sostuvo.

Aguiar aclaró además que la protesta no tiene como destinatarios a los pasajeros. “Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, es contra el Gobierno para que puedan viajar seguros”, señaló.

Entre los principales cuestionamientos económicos, ATE aseguró que la tasa aeroportuaria abonada por los pasajeros genera una recaudación anual estimada en $220.000 millones, pero afirmó que menos del 10% de esos recursos regresa al organismo para sostener operaciones, infraestructura y salarios. El sindicato denunció además desconocer el destino del 90% restante de los fondos recaudados.

“Son miles de millones de pesos que pagan los pasajeros y que debieran estar destinados a fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos para los trabajadores”, afirmó Aguiar, quien también cuestionó a los responsables del programa económico y de desregulación del Gobierno. “Caputo y Sturzenegger nunca se subieron a un avión de línea. ¿Qué pueden saber ellos de seguridad aérea?”, expresó.

La organización gremial sostuvo que la situación actual contradice recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Como ejemplos, mencionó que el aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda, en San Luis, habría quedado fuera de servicio debido a desperfectos mecánicos en sus dos autobombas, y señaló una situación similar en el aeropuerto El Pucú, en Formosa.

Finalmente, ATE reclamó inspecciones integrales de higiene y seguridad en los aeródromos denunciados, documentación sobre riesgos laborales, cobertura de ART, mantenimiento de equipamiento y constancias de entrega de elementos de protección personal, al considerar que existe un deterioro generalizado de las condiciones operativas y de seguridad en distintas terminales aeroportuarias del país.