El bloque oficialista del Concejo Deliberante salió a cruzar con dureza a Gustavo Vera, el titular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, el organismo que presentó un recurso de amparo contra la ordenanza de la Zona Roja.

Agustín Neme, el presidente de la bancada de Vamos Juntos, la más afín al intendente Guillermo Montenegro y una de las impulsoras –junto con el radicalismo– de la norma que se votó en la sesión del 24 de junio, afirmó que Vera “tiene un desconocimiento absoluto de la problemática de la ciudad”.

“Sería bueno que pase una noche con los vecinos para que vea lo que sufren hace más de 20 años. Acá los únicos derechos vulnerados son los de los vecinos que sufren a diario situaciones realmente lamentables. Vecinos que son amenazados, que no pueden salir de sus domicilios; abuelos que no pueden recibir a sus nietos, chiquitos que no pueden recibir amiguitos en sus casas, vecinos que no pueden vender sus propiedades, comerciantes que deben cerrar sus puertas por miedo”, enumeró Neme.

El edil aseguró que “durante 20 años se miró para el costado”, y sostuvo que “junto a Montenegro” las bancadas del interbloque oficialista insistieron “en la necesidad de generar una norma de una vez por todas” para “ordenar la situación y defender a los vecinos”.

Recordó que la ordenanza incorporó las propuestas del Frente de Todos –que no la votó– “para los sectores involucrados”, y establece que quienes quieran ejercer la prostitución lo pueden hacer “en una zona que no afecte a ningún vecino”.

“No hay ninguna criminalización a ningún sector; decir que esto promueve el crimen organizado es una barbaridad. Parece que algunos quieren que nada cambie y nosotros queremos que esta problemática que lleva más de 20 años tenga una respuesta concreta”, agregó Neme.

La ordenanza creó el Programa Zonas Seguras de Protección Integral “a fin de promover medidas focalizadas para la prevención de la violencia y los delitos en las zonas del Partido de General Pueyrredon donde se ejerza la prostitución”.

Estableció que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública solo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal, y aclaró que “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”.

Determinó un plazo de 45 días corridos para la recepción de solicitudes o la realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios en que se podrá ejercer la prostitución en la vía pública. Vencido dicho plazo, el Departamento Ejecutivo Municipal los determinará sin más trámite.

De verificarse la oferta y/o demanda de sexo en lugares u horarios no habilitados, se impondrá a los incumplidores una multa de 1000 a 5000 Unidades Fijas (que se calcula por el valor de la nafta y hoy da entre 123.400 y 617.000 pesos) o un arresto de entre cinco y 30 días.

Según el Comité para la Lucha contra la Trata, la ordenanza es contraria a la normativa vigente y afecta “derechos humanos fundamentales, amparados por convenciones internacionales suscriptas por el Estado Argentino y ratificadas por el Congreso Nacional, muchas de las cuales han sido incorporadas en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional”.

En el recurso de amparo, solicitó que “hasta tanto se decida la cuestión de fondo se ordene una medida de no innovar, a los efectos de establecer la suspensión de los efectos de la ordenanza promulgada y su reglamentación”.