Días antes de que el intendente Carlos Arroyo anunciara su intención de utilizar las videocámaras de seguridad para labrar infracciones de tránsito, el secretario de Gobierno de la comuna, Alejandro Vicente, había descartado esa posibilidad.

El pasado 5 de junio el funcionario afirmó que “las cámaras de monitoreo no están homologadas para labrar infracciones”, respondiendo así a la inquietud de un periodista que durante una conferencia de prensa había consultado sobre si era “viable” hacer uso de esos dispositivos para confeccionar multas.

Ese día Vicente no fue el único que desestimó esa posibilidad. En ese mismo contexto el director de Transporte y Tránsito, Miguel Grassi Muñoz, también negó que fuera factible utilizar las videocámaras para labrar actas de infracción. “Acá en Mar del Plata no”, explicó.

Ambos funcionarios brindaron estas respuestas mientras permanecían de pie junto al intendente, durante una conferencia de prensa convocada para informar sobre los controles de tránsito realizados en la madrugada del 4 de junio, cuando se produjo el fatal accidente en el que falleció la adolescente Lucía Bernaola.

En ese marco el propio Arroyo aportó declaraciones sobre si era “viable” hacer uso de las videocámaras instaladas para realizar infracciones de tránsito.

No obstante el intendente no respondió precisamente sobre la cuestión, sino que hizo una digresión para defender su proyecto de licitación de las fotomultas.

“En el sistema de fotomultas que yo propuse había controles fijos y móviles sorpresivos que tienen radares que toman las patentes de los vehículos. La ordenanza está estructurada de tal manera que la multa le llega a un individuo, viva a donde viva. Quiere decir que si viene un señor de Tierra del Fuego o de Jujuy y corre una picada podemos hacerle la multa y enviársela al domicilio”, comentó ese día el intendente.