El Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron parece determinado a adoptar su cuestionada reforma previsional, mientras la oposición y los gremios, que volvieron a marchar, redoblan su rechazo con la mayor movilización social en décadas.

La iniciativa, que es una de las promesas electorales estrella del mandatario, busca retrasar la edad jubilatoria de 62 a 64 años, alargar el periodo de cotización de 42 a 43 años y suprimir la mayoría de regímenes especiales actuales.

Ya en 2020 Macron tuvo que archivar una medida similar por el descontento social y la llegada de la pandemia, pero esta vez su Gobierno busca sacarla adelante en tiempo récord y para ello escogió un polémico procedimiento que limita hasta el 26 de marzo la fecha en la que se tienen que pronunciar las dos Cámaras del Parlamento. De no hacerlo, la reforma sería adoptada por decreto, algo que nunca ha ocurrido.

El Senado, controlado por la oposición de derecha favorable a la medida, tiene hasta la medianoche para votarla, luego que la Cámara baja no llegara hacerlo debido a las numerosas enmiendas presentadas por la coalición de izquierdas.

El próximo miércoles representantes de ambas cámaras se reunirán para tratar de acordar un texto común, sobre el que diputados y senadores deberían manifestarse de nuevo o al menos intentarlo.

En tanto, el malestar en las calles no hace más que crecer: tras cinco masivas manifestaciones pacíficas en enero y febrero, los sindicatos decidieron intensificar su repudio unánime esta semana y el pasado martes lograron movilizar a 1,28 millones de personas, según las autoridades, y a 3,5 millones, según la Confederación General del Trabajo (CGT), en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.

En la fecha salieron nuevamente a las calles en varias ciudades francesas y pidieron al Ejecutivo no “jugar con fuego” porque las movilizaciones van a continuar.

Además, iniciaron huelgas prorrogables en sectores estratégicos, como el de la energía y transportes.

Tres de cada cinco franceses apoyan la movilización, según los sondeos, mientras que un 71% se opone a la reforma.

Sin embargo, el poder real de los gremios es “bastante débil”, advirtió el analista político y encuestador

Jérome Sainte-Marie, quien indicó que están muy presentes en el sector público, pero solo cuentan con un 3% de adhesión en el privado, lo que reduce significativamente su capacidad de paralizar el país.

Tampoco ayuda el contexto económico desfavorable, que hace que muchos no puedan permitirse sumarse al paro.

“Las cifras son enormes, pero la presión es muy débil. Mientras que la economía no sea bloqueada o no haya violencia, y si no hay una perspectiva parlamentaria para la oposición, es algo muy fácil de manejar para el Gobierno”, señaló.

Según explicó, el bloqueo hubiese sido posible si existiese una oposición unida, pero está dividida en dos extremos opuestos: la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), encabezada por Jean-Luc Mélenchon, y la Agrupación Nacional (AN) de la líder de ultraderecha Marine Le Pen.

Tanto la Nupes como los sindicatos rechazan cualquier tipo de coordinación con la extrema derecha, una apuesta que calificó de “suicida” desde un punto de vista social, ya que Le Pen fue votada por el 57% de los empleados y el 67% de los obreros en el último balotaje presidencial frente a Macron.

La fuerza de los opositores radica en que una gran mayoría de la opinión pública los respalda y se opone a esta reforma, manifestó el director de la socialdemócrata Fundación Jean-Jaures, Gilles Finchelstein.

“Si logran detenerla, lo que evidentemente es difícil, no será con sus armas jurídicas, sino gracias a la situación política que han creado que obligaría al presidente y al gobierno a dar marcha atrás”, precisó.

Sin embargo, admitió que dicha posibilidad es “muy improbable” porque sería una derrota política muy dura para Macron que dañaría, asimismo, la imagen de presidente reformador que quiere instalar.

Un punto compartido por Sainte-Marie, quien afirmó que en ese caso su “construcción política” podría derrumbarse, más aún teniendo en cuenta que este es su último mandato.

El Gobierno defiende subir una de las edades de jubilación más bajas de Europa como una manera de evitar un déficit en la caja de las pensiones en 2030.

No obstante, es posible que no pueda garantizar este objetivo fiscal dadas las diferentes concesiones que hizo para lograr el apoyo de la derecha en el Parlamento, donde el oficialismo no tiene una mayoría.

Si la reforma finalmente es adoptada, el Gobierno espera que el movimiento social termine apagándose, algo que Finchelstein considera como una apuesta incierta.

“Me sorprendería mucho que la movilización se acabe de un día para otro”, opinó y agregó: “Ya hubo un precedente en 2006 de una ley que, pese a su adopción parlamentaria, no fue aplicada. Eso puede ser un motivo de esperanza para quienes quieran seguir movilizándose”.

Sainte-Marie, en cambio, no cree que vaya a haber “una deriva insurreccional” porque la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), principal gremio del país, “no está nada interesada en eso y, de todos modos, los franceses no lo quieren”.

Ambos coinciden, no obstante, en que si la reforma sale adelante creará un resentimiento muy fuerte en una gran mayoría de la población, que considerará que una ley injusta fue aprobada pese a una oposición contundente.

Esta situación golpeará seguramente al Ejecutivo, que podría verse expuesto a un clima de hostilidad a la hora de promover nuevas reformas, a la vez que podría darse un resurgimiento de la acción gremial, sostuvo Finchelstein.

Pero Macron también podría verse beneficiado de cara a su electorado: “Cuando se hace una reforma y se tiene una oposición fuerte, eso al menos tiene el mérito de consolidar su campo y dar un sentido a su presidencia”, puntualizó Saint-Marie, para quien la autoridad del mandatario saldrá reforzada.

Incluso podría sumar parte del electorado de la derecha, que cree será la “principal perdedora” porque, si bien es “la rueda de auxilio” del Gobierno, tuvo internas al respecto y terminará perdiendo aún más influencia en el voto popular, mientras que los jubilados y empresarios favorables a la medida darán el crédito al oficialismo.

Para el encuestador, los otros perjudicados serán los gremios, cuya utilidad será cuestionada por una población que siguió sus consignas y salió masivamente a las calles, y la alianza de izquierdas, que será considerada como responsable del fracaso tras afrontar cuestionamientos sobre su estrategia parlamentaria y enfrentará divisiones.

Distinto es el caso de los socialistas, integrantes de la coalición, quienes después de años de rechazo popular por el mandato de Francois Hollande (2012-2017), lograron volver a las marchas y recuperar su función histórica de defensa de los trabajadores.

La AN de Le Pen también saldría inmune de la derrota, pese a haberse opuesto a la reforma, algo que el analista atribuye a la “torpeza” de los sindicatos y la izquierda. A su juicio, su exclusión del movimiento contentará a los militantes, pero no al público general que exigirá responsabilidades.

“Si hubiese estado comprometida en las movilizaciones, la reforma hubiese tenido menos chances de salir adelante y, sobre todo, también sería responsable del probable fracaso de los oponentes. Pero la actitud sectaria de la izquierda la protege, es totalmente absurdo”, argumentó.

Según una encuesta reciente de la consultora Ifop, para un 46% de los franceses Le Pen es quien mejor representa el rechazo a la iniciativa, por delante de Mélenchon (43%) y el líder de la CGT (41%), mientras que un 34% considera que la política de la oposición está más cerca de sus preocupaciones.