A un año de la masacre de Olenivka, en la que más de 50 prisioneros de guerra ucranianos fallecieron por un ataque a un centro de detención, las investigaciones de los organismos internacionales están estancadas por no tener acceso al lugar ni obtener garantías de seguridad en una zona que sigue bajo fuego, aunque la versión rusa de lo sucedido fue desmentida esta semana por la ONU.

Entre las últimas horas del 28 de julio y las primeras del 29, una serie de explosiones destruyó parte de las barracas que Rusia, todavía bajo control de la zona, usaba como una colonia penal cerca de la localidad de Olenivka, en la provincia de Donetsk, en el este ucraniano.

En ese edificio estaban alojados 193 soldados del batallón Azov, detenidos tras el fin del asedio en la ciudad de Mariupol: más de 50 fallecieron y al menos 75 resultaron heridos, en lo que constituye una violación de los Convenios de Ginebra que definen las reglas de la guerra y protegen los derechos de los prisioneros en conflictos armados, quienes ya no pueden ser atacados al no ser más combatientes activos.

“Hoy es el aniversario de Olenivka, uno de los crímenes más viles y crueles de Rusia”, afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que calificó lo ocurrido como un “crimen de guerra”, misma denuncia que realizó sobre otros hechos como la masacre de Bucha y la deportación forzada de niños, acusación por la que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el mandatario ruso, Vladimir Putin.

La investigación realizada por la Fiscalía General de Ucrania concluyó que las explosiones fueron causadas por un lanzagranadas termobárico, un arma que aspira el oxígeno del aire circundante para generar una explosión de alta temperatura que produce una onda expansiva mayor que la convencional, informó la agencia de noticias local Ukrinform.

Por el contrario, Rusia responsabilizó a Ucrania de atacar Olenivka con un misil Himars, un armamento de largo alcance que había sido enviado poco tiempo antes por Estados Unidos a Kiev.

“Toda la responsabilidad política, criminal y moral por la sangrienta masacre contra los ucranianos recae personalmente en Zelenski, su régimen criminal y Washington apoyándolos”, indicó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, el día después del hecho.

Pero el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, rechazó esta semana esa versión: “Aunque las circunstancias precisas del incidente siguen sin estar claras, la información disponible y el análisis permiten concluir que no fue causado por un cohete Himars”.

“Sobre la base de la información disponible, no es posible en este momento establecer la fuente específica de la explosión ni la dirección exacta desde la que se pudo haber disparado un arma”, añadió, al dar cuenta de las dificultades para esclarecer el hecho.

El análisis de la ONU se basa en testimonios de sobrevivientes y prisioneros que estaban alojados en otras zonas de la misma colonia penal la noche del ataque, además de videos, fotografías e imágenes satelitales, ya que “Rusia no ofreció garantías satisfactorias sobre el acceso seguro para visitar el lugar”, denunció Turk.

La oficina que dirige publicó en marzo el informe internacional más completo que existe hasta ahora sobre lo sucedido, que apunta a movimientos sospechosos en las horas previas a las explosiones.

De acuerdo a ese trabajo, los 193 prisioneros de guerra fueron trasladados el día anterior al edificio atacado y esa misma jornada la dirección del centro de detención ordenó que los puestos de los guardias sean llevados más lejos.

El día del hecho, esos mismos guardias llevaban chalecos antibalas y cascos, lo que no habían hecho antes, mientras que los prisioneros alojados en otros puntos afirmaron que un sistema de cohetes instalado justo antes del incidente empezó a disparar lejos de la colonia penal para “cubrir los sonidos” de las explosiones fatales.

La misma investigación concluyó que el número de muertos “podría haber sido considerablemente menor si los que resultaron gravemente heridos hubieran recibido atención médica inmediata”.

En ese sentido, dio cuenta que el personal del centro de detención no proporcionó atención médica a quienes presentaban lesiones como quemaduras graves y heridas por fragmentos de proyectiles, y que fueron los propios soldados quienes intentaron ayudar a sus compañeros sin el equipo adecuado.

“Se documentó que varios prisioneros de guerra heridos murieron en el suelo cerca de la entrada de la colonia, al parecer debido a la pérdida masiva de sangre. Los supervivientes fueron trasladados a hospitales de Donetsk entre 5 y 7 horas después del ataque, en camiones abarrotados”, afirmó el documento.

“Los prisioneros de guerra que sobrevivieron con heridas leves fueron llevados durante un mes a un pabellón de aislamiento disciplinario, donde se les impidió comunicarse con otros prisioneros”, agregó.

La semana posterior al ataque en Olenivka, el secretario general de la ONU, António Guterres, anunció la creación de una misión para investigar lo ocurrido dirigida por el brasileño Carlos Alberto dos Santos Cruz, un teniente general retirado que en 2019 estuvo al frente de la Secretaría de Gobierno por designación del entonces presidente Jair Bolsonaro y que, tras irse del Gobierno, se convirtió en un militar crítico del dirigente ultraderechista.

Sin embargo, esta misión fue desmantelada menos de seis meses después por “la falta de condiciones requeridas para su despliegue en el sitio de los hechos”, manifestó el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric.

“Tenemos el acuerdo político, pero para un escenario tan complicado y peligroso en una zona de guerra, requerimos garantías de seguridad y acceso a ambas partes y no las recibimos”, precisó.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tampoco pudo llegar al lugar: “Hasta el momento, no nos han concedido acceso a los prisioneros de guerra afectados por el ataque ni contamos con las garantías de seguridad para efectuar esta visita. Nuestro ofrecimiento de donar insumos aún no ha recibido respuesta”, indicó en un comunicado actualizado esta semana con motivo del aniversario.

En mayo del año pasado, dos meses antes del ataque, el organismo estuvo dos veces en Olenivka: “La primera vez se ingresó en las instalaciones para evaluar las necesidades de los prisioneros de guerra y la segunda vez se dejaron tanques de agua sin ingresar en el centro”.

El mandato del CICR no es el de realizar investigaciones públicas, pero sí obtener información sobre los hechos que afecten la seguridad de las personas detenidas en conflictos armados y las circunstancias de esa aprehensión, y para eso el derecho internacional le garantiza el acceso a todos los prisioneros de guerra y el libre acceso a los lugares que desee visitar.

Desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, los equipos de la organización pudieron acceder a algunos prisioneros de guerra, “pero no a todos”, denunció.