El concejal Marcos Gutiérrez (Frente para la Victoria) advirtió que el convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata por el que el municipio busca aplicar el sistema de fotomultas “es poco claro”.

“Hay demasiadas ambigüedades y algunas cuestiones que directamente son contradictorias. Por ejemplo, el Ejecutivo nos dice que la Municipalidad no va a poner un peso, pero el convenio dice lo contrario”, lanzó el edil.

Las declaraciones de Gutiérrez tienen lugar luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos N° 10 archivara una denuncia penal presentada por el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani por posible defraudación en perjuicio de la administración pública a través del proyecto de ordenanza del gobierno municipal.

Ese proyecto, que ya tuvo el aval de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, contiene el convenio al que hace referencia el concejal. “Tampoco está clara la legitimidad del convenio. ¿Vamos a firmarlo con la UTN y ésta va a contratar a un privado?, ¿se puede?, ¿acaso no estaríamos haciendo una compra directa millonaria?”, se preguntó. Y alertó: “Creo que esto podría traer severas sanciones del Honorable Tribunal de Cuentas”.

El gobierno de Carlos Arroyo quiere firmar el convenio con la UTN La Plata para implementar políticas de seguridad vial, entre ellas las fotomultas. Gutiérrez explicó que, según la letra del acuerdo, “para temas de alta especialización” la UTN va a contratar a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la

República Argentina (Cecaitra). Apuntó que el contador municipal Guillermo Constanza señala en el expediente que de este modo se podría violar el artículo 156° inciso 2° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que admite compras y contrataciones directas a reparticiones oficiales nacionales, provinciales o municipales y a entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria.

Sin embargo, si uno de los servicios el contratista lo va a tercerizar, “indirectamente el convenio se realiza con un privado”, dedujo Gutiérrez.

En esa línea, recordó que el director de Proyectos de Seguridad Vial de la UTN de La Plata y quien firma todas las notas del expediente es Felipe Yannaduoni, a su vez vicepresidente de Cecaitra e integrante de la Fundación Aprender, que también integra Pablo Fappiano, director provincial de Política y Seguridad Vial de la provincia.

A entender de Gutiérrez, “el convenio es por momentos bastante ambiguo”. Puntualizó que, en la elevación al Concejo, el Ejecutivo señala que el equipamiento y los servicios serán sustentados por el 40% que recaudará la UTN y dice que el 40% que corresponderá al Municipio no tendrá ninguna deducción.

El concejal hizo notar, sin embargo, que el propio convenio señala que el “equipamiento de control de infracciones, descripto en el Anexo II será provisto al proyecto directamente por la municipalidad, mediante la afectación de un porcentaje debidamente especificado de los ingresos provenientes de la recaudación por infracciones de tránsito que genere el presente proyecto”.

Mencionó casos de distritos que firmaron convenios similares y figuran en el expediente. Especificó que en el contrato con La Plata los equipos los pone el municipio, mientras que la municipalidad de Vicente López desembolsó en 2012 $ 1 millón por adelantado y luego $ 4.500.000 de lo que recaudaba.

Gutiérrez alertó que, según el contador, “se interpreta que es el municipio el que debe afrontar el costo del equipamiento, mediante la afectación de una porción no especificada del 40% del total abonado por infracciones que se recaude”.

Para el edil, otro interrogante es quién paga los equipos que deberán incorporarse. El convenio señala que “la Facultad gestionará para la municipalidad la instalación” del equipamiento. “¿Qué significa gestionará?”, se preguntó el concejal. Y detalló que el costo de los equipos fue estimado en $ 56.738.500 con el dólar a $ 14.50.

También mencionó que, en una nota del 26 de julio de 2016 dirigida al subsecretario Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro, la UTN detalla el equipamiento con montos y agrega seis vehículos utilitarios más a los que figuraban en el convenio original (con lo que totalizarían 12). Por otro lado, si se toma en cuenta el valor actual del dólar, el monto total se modifica en $ 4 millones.

El concejal manifestó sus dudas respecto a las posibilidades del municipio de realizar estas inversiones. Y recordó que el 21 de diciembre el director de Tránsito, Miguel Grassi Muñoz, afirmó que el municipio no estaba en condiciones de atender este tipo de infracciones porque no tenía los recursos materiales ni humanos necesarios.