Por Marcelo Anaya

Cada vez que el Estado argentino protagoniza una tragedia, el desenlace parece escrito de antemano. Se buscan responsables entre quienes ejecutan las órdenes, mientras quienes toman las decisiones políticas desaparecen detrás de la impunidad que históricamente protege al poder.

El fallo por el hundimiento del ARA San Juan vuelve a confirmar esa lógica. Después de casi nueve años de investigaciones, audiencias y promesas de verdad, la Justicia condenó al capitán de navío Claudio Javier Villamide, sobre saliente oficial naval de acuerdo a la opinión de sus jefes, absolvió a los restantes oficiales juzgados y dio por concluida, al menos parcialmente, una de las mayores tragedias navales de la historia argentina.

Pero la gran ausente del juicio fue, una vez más, la política. Porque ningún submarino llega al mar por decisión de un comandante. Ningún buque permanece operativo porque lo quiera un oficial naval. Ninguna reparación de semejante magnitud se realiza sin autorización, financiamiento, supervisión y control del poder político.

Los militares administran los medios que el Estado les entrega. El Estado, en cambio, administra los recursos, aprueba los presupuestos, decide las inversiones y asume la responsabilidad última sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, cuando llegó la hora de determinar responsabilidades penales, toda esa estructura desapareció del expediente.

La reparación de media vida del ARA San Juan, realizada en Tandanor entre 2008 y 2014, demandó una inversión millonaria y fue presentada como una recuperación estratégica para la defensa nacional. Durante años estuvo rodeada de cuestionamientos técnicos y sospechas públicas sobre la calidad de los trabajos y los mecanismos de control. No corresponde afirmar que existió corrupción donde la Justicia no la acreditó. Lo que sí corresponde preguntarse es por qué la Justicia nunca investigó con la misma intensidad a quienes aprobaron, supervisaron y certificaron políticamente una obra de semejante trascendencia.

La respuesta parece repetirse demasiado seguido en la Argentina. Cuando el responsable potencial pertenece a la política, la investigación pierde velocidad, cambia de dirección o simplemente deja de avanzar.

Ni siquiera la Comisión Bicameral del Congreso, que concluyó que existía una responsabilidad política compartida en la conducción y supervisión del caso, logró modificar ese rumbo. Sus conclusiones quedaron archivadas en la memoria institucional mientras el proceso penal continuaba concentrándose exclusivamente sobre los cuadros militares.
La pregunta es inevitable. ¿Puede hundirse un submarino por decisión exclusiva de sus mandos? La respuesta es evidente. Un submarino se hunde después de años de desinversión, mantenimiento insuficiente, decisiones administrativas, controles deficientes y prioridades presupuestarias equivocadas. Esas decisiones jamás dependen de un capitán de navío. Son decisiones de Estado. Son decisiones políticas.

Sin embargo, el juicio terminó estableciendo una responsabilidad que se detiene exactamente donde comienza el poder político. Esa selectividad resulta profundamente preocupante.

Porque instala un mensaje peligroso para cualquier institución del Estado: quien administra la escasez puede terminar condenado; quien produjo esa escasez difícilmente sea investigado.

El caso ARA San Juan expone una enfermedad mucho más profunda que el propio naufragio. Expone una Justicia que parece sentirse cómoda juzgando a quienes carecen de poder político y extraordinariamente prudente cuando debe examinar las decisiones de ministros, funcionarios o gobiernos.

No es una cuestión ideológica. Ha ocurrido bajo administraciones de distintos signos políticos. Cambian los gobiernos, cambian los nombres, pero permanece intacto un mecanismo perverso: la responsabilidad penal siempre encuentra un uniforme antes que un despacho ministerial.

Las familias de los 44 marinos no reclamaban únicamente una condena. Reclamaban conocer toda la verdad.
Y la verdad nunca puede ser completa cuando se analiza únicamente el último eslabón de una cadena que comenzó muchos años antes del 15 de noviembre de 2017.

Si durante años se restringieron presupuestos, si se postergaron inversiones, si fallaron los controles sobre la reparación de media vida, si existieron advertencias técnicas ignoradas, entonces la discusión debía llegar inevitablemente al nivel político. No para condenar sin pruebas, sino para investigar con el mismo rigor con que se investigó a los oficiales de la Armada. Eso nunca ocurrió.

La tragedia del ARA San Juan dejó 44 héroes bajo el mar. El juicio deja otra víctima: la credibilidad de una Justicia que, una vez más, pareció tener el coraje suficiente para juzgar a quienes obedecían, pero no la determinación necesaria para interpelar a quienes gobernaban.

Porque en la Argentina existe una regla no escrita que parece repetirse tragedia tras tragedia: la responsabilidad política siempre termina naufragando antes de llegar a los tribunales.

Al parecer, en la Argentina hay dos cosas difíciles de encontrar: un submarino perdido y un funcionario políticamente responsable.