Call center carcelario: prisión preventiva para acusados de estafas y asaltos
El juez de garantías Juan Tapia confirmó la labor del fiscal Mariano Moyano en la causa que investiga a un preso dedicado a realizar estafas telefónicas y coordinar asaltos con otros tres hombres.
La Justicia local ratificó la acusación contra cuatro hombres de conformar una asociación ilícita que cometía estafas telefónicas y asaltos, incluido el líder, quien comandaba todas las acciones desde la cárcel de Olmos.
La medida resolvió que continuarán en prisión preventiva mientras dure el proceso ya que, según el juez de garantías Juan Tapia el riesgo procesal y los antecedentes de todos los involucrados así lo imponen.
La investigación dirigida por el fiscal Mariano Moyano permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura criminal que tenía a Hugo Carlos Miguel, alojado en la cárcel de Olmos, como su cabecilla. Desde la cárcel, realizaba llamadas telefónicas de manera masiva simulando ser personal policial o judicial para engañar a los moradores y obtener datos patrimoniales y bancarios. Una vez recabada la información, los eslabones externos, identificados en esta instancia como Alejandro Rosales Demetrio, Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba, se dirigían a los domicilios para culminar la maniobra o, en caso de la negativa telefónica de las víctimas, irrumpir por la fuerza y asaltarlas.
Para el juez Tapia la prueba en esta etapa procesal es suficiente, ya que pudo reconstruirse gracias a una profunda analítica de comunicaciones al menos dos hechos. El primero ocurrió el 7 de julio a las 16.27, cuando una mujer de 79 años atendió un llamado en su línea fija en el que un interlocutor se identificó como comisario y le aseguró que su hijo estaba detenido en la comisaría primera por haber atropellado a una mujer embarazada.
Inmediatamente, le pasaron el teléfono a otro sujeto que fingía ser su hijo llorando y pidiendo que entregara el dinero exigido. Los extorsionadores le exigieron a la víctima su número de celular personal para mantenerla en línea de forma permanente sin cortar el teléfono fijo, mientras otro interno simulaba ser fiscal y le avisaba que un emisario iría a buscar el dinero. Poco después, un cómplice de 20 años, de contextura delgada y prolijo en su aspecto, se presentó en la reja delantera. Ante la negativa de la jubilada de permitirle el paso el delincuente le advirtió que su hijo “iba a seguir detenido” y se retiró. Instantes más tarde, cuando la propietaria le abrió la reja a una vecina de 80 años que había acudido a auxiliarla, cuatro asaltantes con el rostro tapado y ropas oscuras descendieron de un automóvil Chevrolet Tracker negro de vidrios polarizados, arrojaron a la dueña de casa contra una columna del frente y despojaron a ambas de un bolso con cuatro millones de pesos y dólares, además de robarle el celular a la vecina antes de huir.
Un segundo suceso se registró al día siguiente a las 11.32. En esa oportunidad, un residente de un inmueble emplazado en Mariano Acosta al 1600 fue contactado en el teléfono fijo de su casa por un hombre que utilizó la línea fija desde la unidad penal de Olmos haciéndose pasar por un vendedor (Sebastián) de la concesionaria automotriz oficial Romera Hermanos, con quien la víctima había estado en contacto el día anterior para consultar por la compra de un vehículo Volkswagen T-Cross.
Un fiscal marplatense descubrió un call center de estafas dentro de una cárcel 🔴
👉 La investigación del fiscal Mariano Moyano permitió identificar una organización que operaba desde tres unidades penitenciarias y cometía estafas bajo la modalidad del cuento del tío en distintas provincias.
📍Allanaron las cárceles de Olmos y Batán, detuvieron a tres presos y secuestraron ocho celulares. Además, La CAPITAL tuvo acceso al pedido de prohibición de uso de celulares en las unidades penitenciarias.
— Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) October 26, 2026
Utilizando una foto de perfil de WhatsApp con el logo de la marca, el falso vendedor le exigió una transferencia bancaria inmediata de 17.250.000 pesos al CBU de una cuenta del Banco Galicia para asegurar el precio del rodado. Ante la rotunda negativa del damnificado a realizar operaciones sin documentación respaldatoria y el corte de la comunicación, la banda activó de inmediato el componente territorial. A las 13.15, una camioneta Toyota SW4 blanca de vidrios polarizados se detuvo en doble fila frente al domicilio; de ella descendió Villalba, quien vestía campera negra, gorra oscura con parche blanco, pantalón gris y zapatillas oscuras con suela blanca. El delincuente se acercó a la puerta, exhibió una credencial falsa con chapa dorada asegurando ser personal de la DDI y del FBI e intentó ingresar a la fuerza con la excusa de que el domicilio era epicentro de una estafa telefónica. La maniobra se frustró de inmediato cuando el morador logró cerrar la puerta principal, refugiarse y dar aviso al servicio de emergencias 911. Posteriormente, la autoría material de Villalba fue plenamente ratificada mediante reconocimientos fotográficos, en rueda de personas y análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas.
Luego el entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas, el análisis forense de antenas y las extracciones de datos sobre los teléfonos celulares secuestrados tanto en poder de los sospechosos durante sus aprehensiones en la vía pública como en la requisa realizada en la celda del penal de Olmos confirmó el accionar.
Estos peritajes certificaron que la línea utilizada para realizar los llamados extorsivos a los domicilios de Mar del Plata impactaba de forma constante en la celda de antenas correspondiente al penal donde se hallaba Hugo Carlos Miguel, el presunto jefe de la organización criminal.
A partir de ese nodo central, los investigadores reconstruyeron la red de chats de WhatsApp, ubicaciones compartidas de Google Maps de los domicilios atacados, fotografías de los rodados y los reconocimientos positivos de las víctimas y efectivos policiales.
La resolución judicial dictó la prisión preventiva para los cuatro coautores bajo los graves cargos de asociación ilícita, estafa en grado de tentativa y robo agravado en poblado y en banda, fijando un plazo de sesenta días para someter la medida a control y evaluar el avance de la instrucción penal.
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