La administración de Carlos Arroyo incrementó en más de un 380% el valor de las tasas municipales en estos cuatro años de gobierno, porcentaje que surge de los múltiples aumentos aplicados a lo largo de la gestión, a pesar de las promesas de austeridad y de bajarlas para beneficiar a los contribuyentes de Mar del Plata.

Octubre de 2015. El entonces concejal Carlos Arroyo ganaba las elecciones con el 47,5% de los votos de la mano de Cambiemos. Tras imponerse en las urnas, el nuevo jefe comunal electo lanzó la promesa de trabajar para reducir las tasas, rodeado de su flamante gabinete, del cual solo unas pocas piezas permanecen a su lado a días de dejar la intendencia.

“Nosotros vamos a tratar de ajustar la administración de la mejor manera posible para no sobrecargar más los bolsillos de los contribuyentes. La idea, lejos de aumentar las tasas es de bajarlas, porque hay que permitir que con menos presión impositiva, mayor cantidad de contribuyentes de acerquen a cumplir”, prometió durante el festejo.

Aquel anuncio de Arroyo estuvo lejos de materializarse a lo largo de la gestión. Los reiterados aumentos de tasas municipales impulsados por el Ejecutivo derivaron, al hacer cuentas, en un incremento global del 383% en sus cuatro años en el gobierno, tal como planteó días atrás la concejal de Unidad Ciudadana Virginia Sívori.

Esta semana, en la comisión de Hacienda los concejales recibieron con preocupación las quejas de vecinos que sufrieron “aumentos desmedidos” de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) que “superan ampliamente el 35% anunciado por el Ejecutivo”, señaló la concejal, quien indicó que en realidad, y lejos de aquella promesa, “el promedio de aumento en estos cuatro años es del 383%”.

“Nuestro bloque advirtió oportunamente que los incrementos serían mucho mayores a lo anunciado. Ahora los vecinos son los que están teniendo que afrontar las malas decisiones del gobierno local”, añadió Sívori.

La falsa promesa de austeridad encuentra otras dos contradicciones graves: los múltiples y desmedidos nombramientos dentro de la planta municipal, muchos de ellos a cargo de familiares del propio intendente, y su vez el exponencial incremento en el sueldo del jefe comunal y sus secretarios.

Esta semana el Sindicato de Trabajadores Municipales obtuvo un nuevo incremento salarial del 4,2%, por lo que el sueldo bruto del doctor Carlos Arroyo pasó ahora a ser de 439.737,67 pesos, cifra que representa 13.566 pesos más que el mes pasado.

Gracias a este último aumento, también, un secretario pasó a tener un bruto de 239.721 pesos, otra cifra desproporcionada para cualquier “laburante” de Mar del Plata, que debe hacer frente al grueso aumento en las tasas que llegan a los contribuyentes.

Los fuertes aumentos que exhiben las facturas de tasas municipales que en las últimas semanas llegaron a miles de domicilios de Mar del Plata, exponen la noticia de la amplia cantidad de denuncias y presentaciones realizadas -algunas de ellas ya están en manos de la Justicia-, pero esconden detrás una realidad mucho más cruda y tangible: la angustia de cientos de familias a las que el Municipio está obligando a pagar en un mes hasta cuatro facturas con montos exorbitantes, que se vuelven literalmente “impagables”.

Detrás de los porcentajes, las más de 500 denuncias presentadas en la Defensoría del Pueblo y la reciente determinación de la asociación “Consumidores Argentinos” de presentarse ante la Justicia para que ésta defina si el legal el “exorbitante” aumento de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) dispuesto por el gobierno de Carlos Arroyo, está la economía familiar y en muchos casos la “imposibilidad real” de hacer frente a estas facturas.

“Nos parece sumamente inoportuna la metodología utilizada para recaudar, ya que siempre recae sobre las mismas personas que ven erosionados sus ingresos por el aumento generalizado de precios, por la pérdida de su fuente laboral o por la caída de la actividad económica”, apuntó Sívori.

En los próximos días la Justicia deberá definir si es legal el “exorbitante” aumento de la tarifa de la TSU dispuesto por el gobierno de Arroyo para este año.

Desde el Tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 2 deberán determinar si dan lugar a la presentación realizada en ese sentido por la ONG “Consumidores Argentinos”. La respuesta debería llegar en estos días, según los denunciantes.