La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados continuará esta tarde con la ronda de consulta sobre la reforma a la ley de alquileres, donde expondrán asociaciones de inquilinos y de corredores inmobiliarios, tras lo cual comenzará una etapa de búsqueda de acuerdo parlamentario, que está centrado en la extensión de contratos y su actualización.

Si bien el objetivo acordado entre las bancadas parlamentarias era comenzar hoy el debate parlamentario, el viernes último las autoridades de la comisión -conducida por la legisladora Cecilia Moreau- decidieron realizar otra jornada de consultas con los sectores involucrados en este mercado.

Desde las 13.30, con mayoría de testimonios presenciales sobre los virtuales, expondrán representantes de la Universidad Nacional Rosario; Inmobinet; Consultora Sarandí; la subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario; la red de Derechos Humanos de Corrientes; la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un techo digno y de la Fundación Amadeo Capital Humano-Chaco.

También participarán expositores de la dirección de la Maestría de Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella; de la Cátedra Derecho a la Vivienda de la Universidad de Avellaneda; del concejo deliberante de Rosario; de la Fundación Haciendo; de Provocaciones Urbanas–Facultad de Ciencia Política-Universidad Nacional de Rosario y del Instituto de Investigaciones para el desarrollo territorial y del hábitat humano-Universidad Nacional del Nordeste/Conicet.

Por último, asistirán representantes de Hipotecados UVA; de la Asociación Inquilinos San Juan; de las universidades de Lanús y San Martín; de la Asamblea de Inquilinos de Tandil; de la secretaria Ademys y de la CTA Capital.

Debate y diferencias

Tras concluir las reuniones informativas con las exposiciones de las asociaciones de entidades de inquilinos, de martilleros, cámaras inmobiliarias y miembros de Defensa del Consumidor, comenzará el debate interno entre los legisladores.

Es poco probable que en la semana se firme el dictamen de comisión ya que los legisladores puedan estirar ese plazo hasta la primera semana de mayo, debido a que existen muchas diferencias entre los 27 proyectos presentados por los diputados de diferentes fuerzas políticas.

Los puntos que se discuten es reducir el contrato mínimo de tres a dos años, y la actualización de un año a seis meses, y evaluar algún cambio en el mecanismo para calcular esos ajustes que hoy se establecen en base a la inflación y aumento salarial promedio.

Fuentes parlamentarias señalaron que hay diferentes posturas tanto en el Frente de Todos donde hay legisladores que mantienen la postura de asociaciones de inquilinos de no modificar la actual ley, mientras que otros buscan introducir cambios porque sostienen que se debe ayudar a mejorar la oferta de viviendas para alquilar.

Tampoco hay una postura única en Juntos por el Cambio donde los sectores reconocidos como “los halcones” del Pro quieren la derogación de esa ley y que el mercado se regule por el Código Civil y Comercial, mientras que la mayoría se pronuncia por volver a los contratos de dos años y una actualización semestral como era hace dos años.

Lo que si parece estar descartado es cualquier cambio impositivo como los que propusieron el oficialista José Luis Gioja de gravar la vivienda ociosa, o la iniciativa de Rogelio Frigerio (JxC) de eximir impuestos a los Bienes Personales.