En una audiencia desarrollada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, la defensa del excomisario mayor José Luis Segovia solicitó que el juicio por la presunta asociación ilícita mixta se realice mediante jurado popular.

La Fiscalía General se opuso al planteo, al considerar que es improcedente el juicio por jurados en este caso y la decisión final quedó en manos de los jueces Gustavo Fissore, Federico Cecchi y Roberto Falcone.

El primer contrapunto se produjo cuando el abogado Martín Bernat, defensor de Segovia, pidió que su representado y el resto de los acusados sean juzgados por un jurado y no por un tribunal técnico.

Ante este pedido, el fiscal general adjunto Marcos Pagella se opuso, ya que sostuvo que el mecanismo no corresponde en este caso porque la expectativa de pena no supera los 15 años de prisión, requisito legal para habilitar un juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires. En este caso, Segovia, podría recibir una pena que va desde los 5 a los 15 años de prisión.

Pese a ello, Bernat insistió y la definición quedó sujeta al análisis que ahora debrán hacer los magistrados Fissore, Cecchi y Falcone. “El juicio por jurados, por el artículo 118 de la Constitución Nacional, debería haberse instaurado para todos los juicios criminales. Nuestro Código Procesal establece que los juicios criminales son aquellos cuya pena máxima superen las penas máximas de 6 años de prisión. Hace diez años, para evitar un colapso del sistema, los legisladores establecieron que solamente entren en juicio por jurados aquellos delitos que superen una pena máxima en abstracta de 15 años de prisión. Y si se trata de un concurso de delitos, alguno de esos delitos contemple esa pena”, explicó el abogado.

Y agregó: “Esa norma fue razonable en ese momento para evitar el colapso del sistema nuevo, pero al día de hoy, habiendo pasado diez años, no tiene ninguna razón de ser si se lo interpreta en el sentido constitucionalista, porque el sistema y los operadores están ya aceitados. Entonces lo que le planteo al juez es que se tome esa norma como meramente ordenatoria y como no hay un prohibición expresa, se deje de lado, o, en forma subsidiaria, se declare inconstitucional”.

Para eso, el abogado se basó en un fallo precedente de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Zárate-Campana. “Estamos ante un caso de envergadura social e institucional muy grande, donde la acusación plantea la existencia de una organización parapolicial y parajudicial que tiene pocos antecedentes en cuanto a su gravedad, y el juicio por jurados tiene dos caras: la de la garantía del imputado de poder ser juzgado por sus pares y, la más importante, la del derecho de la ciudadanía a tener una participación democrática a la hora de hacer justicia”.

Por su parte, una fuente judicial consultada al respecto por LA CAPITAL, señaló: “El planteo es muy rebuscado de los pelos, no corresponde legalmente porque la pena que podría recibir Segovia, en abstracto, es 5 a 15 años, no deberían habilitar a que se realice un juicio por jurados”,

De acuerdo con la acusación, Segovia habría actuado como jefe de una asociación ilícita integrada por policías y civiles que encubrían delitos, protegían actividades financieras informales y cobraban dinero a prestamistas o comerciantes a cambio de “protección”.

La causa se originó a partir de escuchas y testimonios obtenidos tras el robo a un departamento en Cabo Corrientes, en 2020, que destapó una red de corrupción policial con vínculos hacia la jefatura departamental.

Segovia quedó imputado por asociación ilícita en carácter de jefe, exacciones ilegales agravadas, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

Entre los acusados que también deberán enfrentar el juicio se encuentran  Claudio Alaniz, Javier González, Christian Holtkamp, Gastón Moraña, Nicolás Rivademar, Héctor Sosa, Jorge Toletti, Lautaro Resúa, Juan Pablo Velázquez, Mauricio Ramírez Armani, Christian Gari y Jonathan Sonzogni