El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, avanzaba con su polémica reforma judicial en Israel, que logró la aprobación preliminar de dos votaciones en el Parlamento, mientras miles de personas tomaron nuevamente las calles del país para manifestar su rechazo a la iniciativa y fueron duramente reprimidas por la Policía, con al menos 39 detenidos y 11 heridos.

También se organizaron caravanas de tractores en varios puntos del interior del país, mientras que los trabajadores tecnológicos interrumpieron su trabajo para manifestarse en las grandes ciudades, al igual que los médicos protestaron frente a los hospitales.

“Israel no se convertirá en una dictadura, los millones que han salido a las calles durante las últimas ocho semanas lo han dejado claro, y ahora estamos pasando a la acción directa”, dijeron los organizadores en un comunicado.

Anunciado a inicios de año por el flamante Gobierno, que está en el poder desde finales de diciembre, la reforma judicial causa controversia en el país.

Netanyahu y sus aliados, un conjunto de partidos ultrarreligiosos y ultranacionalistas, dicen que el plan busca mejorar un sistema que da demasiada voz a los tribunales y a los asesores legales del gobierno sobre cómo se elaboran las leyes y se toman las decisiones.

Los críticos dicen que alterará el sistema de controles y contrapesos del país y concentrará el poder en manos del primer ministro. También acusan a Netanyahu, quien está siendo juzgado por una serie de cargos de corrupción, de conflicto de intereses.

El enfrentamiento sumió al país en una de sus mayores crisis internas y agudizó la división entre los israelíes sobre el carácter de su Estado y los valores que creen que deberían guiarlo.

La jornada de protesta de hoy se vio marcada por una fuerte represión policial, luego que el ministro de Seguridad Nacional y líder de la ultraderecha religiosa, Itamar Ben Gvir, pidiera usar “todos los medios” contra los “anarquistas” por primera vez, en los dos meses de protestas masivas contra la polémica reforma.

“No toleraremos la violencia contra la policía, el bloqueo de carreteras y las violaciones flagrantes de las leyes del país. El derecho a la protesta no es el derecho a la anarquía”, dijo, por su parte, Netanyahu, en un discurso ante el Parlamento.

La fuerza pública reprimió con oficiales a caballo, bombas de estruendo, gases lacrimógenos y cañones de agua a los manifestantes que coreaban “democracia” y “Estado policial” al cortar una de las principales avenidas de Tel Aviv.

Imágenes difundidas en las redes sociales, mostraban a un agente inmovilizando a un hombre con la rodilla en el cuello, mientras que en otro video se veía a un hombre al que, según los medios locales, le arrancó la oreja una bomba de estruendo.

“Es muy tenso, se nota que la gente está desesperada y no quiere luchar contra la Policía, sino contra lo que ocurre en el país”, dijo uno de los participantes de la protesta en la capital, según consignó el diario Times of Israel.

La Policía indicó que algunos manifestantes arrojaron piedras y botellas de agua a los oficiales, a la vez que informó de 39 personas detenidas. Entre ellas, habría dos soldados de una unidad de élite del Ejército, según señaló un grupo de reservistas opositor a la medida.

De momento, los choques dejaron al menos 11 heridos en la capital, de los cuales uno tuvo que ser operado y dos permanecen internados, según informó el hospital Ichilov de Tel Aviv.

“Los manifestantes son patriotas. Están luchando por los valores de libertad, justicia y democracia. El papel de la Policía es permitirles expresar sus opiniones y luchar por el país que aman”, tuiteó el líder de la oposición y expremier Yair Lapid, quien junto a otros legisladores opositores terminó abandonando el Parlamento y sumándose a las protestas.

Al menos mil personas se manifestaban esta tarde frente a la sede del Legislativo, en Jerusalén, donde también marcharon miles de estudiantes contra la reforma, según consignó Haaretz.

En tanto, en el interior del Parlamento, el Gobierno de Netanyahu continúo avanzando con su reforma, en una nueva pulseada con las calles.

La Comisión de Constitución, Justicia y Derecho dio su aprobación inicial a más propuestas del plan en una votación boicoteada por los legisladores de la oposición, que afirman que Israel dejará de existir como democracia si sale adelante.

El Parlamento aprobó este miércoles dos controvertidos proyectos de ley en audiencia preliminar.

El primero de ellos impone la pena de muerte a los acusados de extremismo que hayan matado a un israelí por “motivaciones racistas” u “hostilidad hacia un público determinado y con el fin de dañar al Estado de Israel y el renacimiento del pueblo judío”. Una legislación que no se aplicaría si un ciudadano israelí matara un palestino.

En tanto, el segundo proyecto aprobado en lectura preliminar restringiría la capacidad del fiscal general o el Tribunal Superior de Justicia para declarar al primer ministro no apto para el cargo.

La iniciativa se da un mes después de que la alta corte decidiera tratar una petición de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, de recusar a Netanyahu por su ostensible conflicto de intereses, al presidir reformas legales y judiciales de gran alcance, mientras él mismo está siendo juzgado por corrupción.

Si bien se espera que el proceso para sacar adelante el plan demore meses, estas votaciones son una señal de la determinación de la coalición de seguir adelante.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, que tiene un papel esencialmente protocolar, ha instado al Gobierno a congelar el proyecto y a buscar un compromiso con la oposición.

Los líderes del floreciente sector tecnológico de Israel han advertido que debilitar el Poder Judicial podría ahuyentar a los inversores.

De hecho, el plan ya ha afectado a la cotización de la moneda local y ha suscitado la preocupación de algunos aliados occidentales sobre la salud de la democracia israelí.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió a Israel que suspenda su reforma del sistema judicial ante el impacto que podría tener en los derechos humanos y la independencia de la justicia, mientras el embajador de EEUU en Israel, Tom Nides, dijo que el Gobierno israelí debería “frenar” el proyecto y consensuar una reforma que proteja las instituciones democráticas del país.