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La Ciudad 1 de febrero de 2019

Hay 67 mujeres que esperan su botón antipánico

Los últimos botones se compraron en mayo del año pasado. A partir de ahí no hubo nuevas órdenes de compra. Cada botón cuesta 1.500 pesos.

La Defensoría del Pueblo denunció ayer que 67 mujeres esperan su botón antipánico, luego de recibir un reclamo de parte del Movimiento de Mujeres de General Pueyrredon. Cada botón cuesta 1.500 pesos. “Hay una decisión política de no hacer esa inversión. La responsabilidad es del gobierno municipal”, sostuvieron los defensores Fernando Rizzi, Daniel Barragán y Luis Salomón. Por eso exigen “la inmediata compra” de los mismos.

De esta manera destacaron como que “son muchas víctimas de violencia de género, que están en lista de espera para recibir el botón antipánico. La información llegó a la Defensoría tras una reunión con el Movimiento de Mujeres de General Pueyrredon. “Hicimos las averiguaciones en Desarrollo Social y en la secretaría de Seguridad. Por supuesto que pudimos confirmar los datos”.

“Los últimos botones se compraron en mayo del año pasado. A partir de ahí no hubo nuevas órdenes de compra”, dijeron y agregaron que “en aquel momento cada uno salía 999 pesos y ahora cuestan 1.500 pesos”. Tras aclarar que el botón no garantiza la vida pero es una herramienta muy importante que le puede permitir salvarse ante un ataque, se preguntaron: “¿La vida de una mujer no vale 1.500 pesos? Con un presupuesto de 11 mil millones de pesos, es una obligación hacer esta inversión”.

Los defensores coincidieron en que “hay una decisión política de no hacerlo y esto implica que hay responsabilidades de parte del Ejecutivo municipal. Si dentro de quince minutos una de esas 67 mujeres sufre un femicidio, habrá responsabilidades. Pero la vida no se devuelve. Nadie les puede devolver la mamá a los chicos que la pierdan”. La Defensoría exige la inmediata compra de los botones antipánico. También advirtió que la falta de gestión y presupuesto están vaciando a la Dirección de Políticas del Género del municipio.

“Por falta de trabajadores/as sociales, psicólogos/as y abogados/as, hay programas de la Dirección que no se están ejecutando. Le pedimos al gobierno que nombre a estos profesionales para que el área pueda realizar su trabajo como corresponde”, concluyeron.



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