“Nosotros vamos a tratar de ajustar la administración de la mejor manera posible para no sobrecargar más los bolsillos de los contribuyentes”, dijo Carlos Arroyo la noche del 25 de octubre de 2015, después de conocer que había ganado las elecciones.

“La idea que ha presidido nuestro proyecto, lejos de aumentar, es de bajar las tasas. Porque hay que permitir que, con menos presión impositiva, mayor cantidad de contribuyentes se acerquen a cumplir”, agregó el intendente entre vítores de sus seguidores y colaboradores.

Como era de prever en un contexto inflacionario, la frase se convirtió en la principal promesa incumplida del intendente, que ni siquiera en su primera modificación de las ordenanzas fiscal e impositiva, en 2016, incluyó una rebaja de tasas.

Hoy, el Concejo Deliberante tratará la tercera modificación de las ordenanzas tributarias de la administración de Arroyo. En diciembre, al hablar del proyecto, el jefe comunal anticipó que la suba en la tasa de servicios urbanos sería de “un poco más de 22%”.

Esta semana, hasta su secretario de Economía, Hernán Mourelle, lo desmintió: durante una exposición en la comisión de Hacienda del Concejo, dijo que podría haber una suba promedio del 72%.

Para la oposición y la Defensoría del Pueblo, esa estimación también se queda corta: el incremento ascendería, para algunas cuentas, por encima del 800%. Y sólo una categoría tendría un incremento de 23%.