Por Fernando del Rio

Edwin García Jara, uno de los narcos peruanos más dominantes de Argentina en las últimas décadas, será expulsado del país luego de que la Justicia de Mar del Plata lo condenara en julio último a una pena de 17 años de prisión.

García Jara es conocido como “Bolongo” y desde una celda de la cárcel de Senillosa, en Neuquén, lideraba su célula de distribución de estupefacientes, con Mar del Plata como uno de sus grandes mercados. Se valía para que todo funcionara a la perfección de un compatriota suyo, Josef “El Perú” Lopez Espantozo, alojado, a su vez, en la cárcel de Batán.

El fiscal Santiago Eyherabide llevó a juicio a toda la organización criminal y en julio hubo nueve condenas, entre ellas las de los dos líderes y las de otros familiares y cómplices. Sin embargo, esa sentencia no quedó solo en el tiempo de prisión que todos deberán cumplir, sino que abrió la puerta para una medida más radical aún: el viernes pasado el Tribunal Oral Federal N° 1 ordenó el extrañamiento de García Jara. Esto significa que “Bolongo” se irá a Perú una vez que Migraciones y ambos países coordinen la logística del traslado. Tendrá prohibido su ingreso nuevamente a Argentina, de acuerdo a la Ley de Migraciones.

Cómo operaba la banda

La investigación que desarticuló a la banda narco comenzó con una denuncia sobre la que avanzó la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA). Las primeras sospechas se enfilaron sobre Claudia Elizabeth Díaz Orihuela, quien fue observada vendiendo éxtasis y otras sustancias en las inmediaciones de la Universidad FASTA y la Universidad Nacional de Mar del Plata, además de coordinar entregas de cocaína bajo la modalidad de “delivery” y pactar ventas para fiestas electrónicas a través de Instagram.

El hilo de la causa comenzó a desenredarse a partir de las intervenciones telefónicas. En una escucha clave del 28 de noviembre de 2023, la vendedora local se quejó por haber recibido una partida de droga de mala calidad —a la que calificó de “porquería”— que le provocó pérdidas por mil dólares, expresando la necesidad de conseguir mercadería pura para “camuflarla” y revenderla. De esas escuchas surgió su nexo directo con López Espantozo, quien, pese a estar alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, utilizaba un teléfono celular para dictarle instrucciones operativas sobre cómo armar y empaquetar los envoltorios para la venta y acordar la división de las ganancias en un 50% y 50%.

A su vez, los cruces telefónicos revelaron la cúpula de la organización: López Espantozo coordinaba la logística con García Jara, y este dirigía las operaciones desde el Complejo Penitenciario de Senillosa (Neuquén). La droga provenía del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y era acopiada por la pareja de García Jara, Yesenia Estefany Vidal Campos, en su domicilio de Virrey del Pino. La red contaba además con personas experimentadas en el peritaje de calidad, como Luz Aurora “Mamita” Lucero Campos. Esta mujer tenía la habilidad, según la Justicia, de verificar la pureza y nivel de la cocaína.

Pero en la madrugada del 14 de enero de 2024 se produjo un descuido que le permitió a la Policía Federal y al fiscal Eyherabide confirmar qué la droga llegaba a Mar del Plata. Lucero Campos y Orlando Néstor Rodríguez abordaron un colectivo de larga distancia de la empresa Rutatlántica en Ciudadela y arribaron a las 6:27 a la Ferroautomotora de esta ciudad. Las cámaras de seguridad del predio captaron el desembarco de los sospechosos trasladando un kilo de cocaína dentro de una mochila negra, destinado a la vivienda de Sindy Zenaida Ramírez Abanto (expareja de López Espantozo) en la calle Romano al 3100.

Con toda la prueba ya acumulada, la policía y la Justicia dieron el golpe definitivo el 8 de marzo de 2024, cuando se ejecutaron allanamientos simultáneos. En la celda de García Jara en Senillosa se incautó el teléfono con el que comandaba la banda. En Mar del Plata y el Gran Buenos Aires se secuestraron ladrillos y bochas de cocaína (algunas arrojadas a los techos linderos durante los procedimientos), plantas de marihuana, balanzas de precisión, más de 15.000 dólares en efectivo, cerca de un millón de pesos y dos armas de fuego listas para disparar (una pistola Bersa 22 con numeración suprimida y un revólver Taurus 38).

García Jara y López Espantozo fueron condenados como coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas a 6 años de prisión, alcanzando penas únicas unificadas con antecedentes previos de 17 años de prisión y 10 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Asimismo, en calidad de coautora del mismo delito, Yesenia Estefany Vidal Campos fue sancionada con 6 años de prisión por esta causa, fijándosele una pena única unificada de 13 años de prisión.

Por otra parte, en carácter de partícipes secundarios del delito de comercio de estupefacientes agravado, Sindy Zenaida Ramírez Abanto, Claudia Elizabeth Díaz Orihuela, Luz Aurora Lucero Campos y Néstor Orlando Rodríguez recibieron condenas de 4 años de prisión de efectivo cumplimiento cada uno, mientras que Carlos Alberto Cruz Lorenzo fue sancionado con 3 años de prisión. Por último, en cuanto a las conductas imputadas de forma autónoma, Jorge Luis Díaz Orihuela fue condenado a 3 años de prisión de efectivo cumplimiento como autor de tenencia ilegítima de estupefacientes en concurso real con tenencia de armas de fuego de uso civil, y María Soledad Barreiro, por el delito de confabulación, accedió a la suspensión del juicio a prueba (probation) por el término de un año.

El preso de alto riesgo

Casi de manera simultánea a que fuera descubierto el accionar de la banda, García Jara fue puesto dentro del sistema SIGGPLAR, que es un protocolo para presos de Alto Riesgo del Sistema Federal. Entre las principales restricciones se destacan el aislamiento, la vigilancia constante, reevaluaciones periódicas y, especialmente, la minimización de sus posibilidades de comunicación con el exterior por medio de dispositivos celulares.

Por ello es que García Jara, de acuerdo a lo que trascendió, no se opondrá a lo solicitado por la Dirección de Migraciones tras la condena de julio y a lo autorizado por la Justicia Federal. En función de los años que lleva ya preso y que le permite acceder a libertad anticipada, el Estado argentino puede activar la cláusula de expulsión y prohibición permanente de reingreso al país de “Bolongo”.

Ahora solo resta que se ajusten los detalles de fecha y medios para el traslado a Perú. El resto de los integrantes de la banda continuarán cumpliendo sus penas en cárceles federales de Argentina.