Por Ramiro Melucci

La Libertad Avanza y el PRO se encaminan a rubricar un nuevo acuerdo electoral. La UCR orbita cerca. Y el peronismo juntó a sus partes para una reunión, pero aún es incierta la posibilidad de que, en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Máximo Kirchner firmen la paz.

En ese marco nacional y provincial comienzan a moverse los dirigentes locales que tienen expectativa de anotarse en la carrera por la intendencia y los que incidirán en los armados locales. Por el oficialismo y sus aliados, el intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro; el intendente Agustín Neme y el concejal Fernando Muro (PRO); el diputado nacional Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza) y el senador nacional Maximiliano Abad (UCR). Por la oposición, la cristinista Fernanda Raverta, Gustavo Pulti (alineado con Kicillof) y el massista Juan Manuel Cheppi.

A la contienda del año próximo todavía le faltan las reglas. Si habrá o no habrá PASO. Si se desdoblarán los comicios provinciales. Si se votará un mismo día con boletas distintas (la tradicional para cargos provinciales y municipales y la Boleta Única de Papel para los nacionales) y si se permitirán las reelecciones indefinidas.

Las piezas se desplazan en el tablero de la política mientras al vecino de a pie lo embargan los problemas cotidianos: de la seguridad a la situación económica, de las deudas al estado de las calles, de la falta de trabajo a los servicios municipales.

Tras la conmoción que generaron el femicidio de Mailén Antonich y los homicidios de Ricardo Ruiz y Alberto Rodríguez en menos de 24 horas, y luego de arremeter contra el municipio, la Provincia envió 50 nuevos patrulleros, 36 motos y 170 efectivos para reforzar la prevención del delito.

En medio de la controversia pasó inadvertido un reclamo de Raverta. Elevó un proyecto para que se inste al Poder Ejecutivo provincial a requerir al Ministerio de Seguridad bonaerense el cumplimiento de la resolución 3980/11 para la recepción inmediata, en el acto y sin dilación temporal de toda denuncia por desaparición, extravío o averiguación de paradero. Ocurrió luego de que la familia de Mailén contara que, en un primer momento, en la comisaría 16° no le tomaron la denuncia de su desaparición, por lo que empezaron a rastrearla por sus propios medios.

Fue el primero de dos reclamos consecutivos de la senadora dirigidos a la gestión provincial. El otro tuvo lugar la semana pasada, para que la Subsecretaría de Energía de la provincia “deje de mirar para otro lado, revise las tarifas y decida de qué lado está”. Reflejo del deteriorado vínculo del gobierno provincial con la tropa kirchnerista.

Esto está pasando en el partido de La Costa ahora.

La gente no puede más. No alcanza la plata y miles de familias se endeudan para comer y pagar los servicios.

Mientras tanto, los “dueños de la luz”, acostumbrados a ganar siempre, con Milei ganan todavía más. Y después quieren… pic.twitter.com/AhldudVbVB

— Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 12, 2026

Neme finalmente rompió el silencio. Aprovechó la puesta en funcionamiento de 12 patrulleros adquiridos por el municipio con el Fondo de Seguridad bonaerense para ratificar que no le interesa pelearse con la Provincia en ese asunto: “El enemigo es el delincuente”. De lo único que aún no se supo nada más fue de los refuerzos federales. “Se anunciará en los próximos días”, apaciguan fuentes locales al tanto de las gestiones con el Ministerio de Seguridad Nacional.

El municipio no tuvo tregua. Cuando bajó la espuma de la controversia con el gobierno bonaerense por los recursos destinados a seguridad le estalló una bomba: la Justicia confirmó la ilegitimidad del aumento del 142,7% aplicado por Obras Sanitarias a comienzos de 2024 y dejó firme la obligación de devolver a los usuarios las sumas cobradas indebidamente. La Cámara de Apelaciones consideró que el incremento fue dispuesto sin garantizar previamente una instancia efectiva de información y participación de los usuarios.

El fallo es tan adverso que hasta dejó en manos del juzgado de primera instancia la posibilidad de sumar una indemnización del 25% a las compensaciones que deberán recibir los usuarios alcanzados por la acción colectiva impulsada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc). El impacto económico podría ser asolador para un municipio que hace malabares para funcionar y apela a terceros para incrementar la cobrabilidad de sus tasas.

Al vecino de a pie lo embargan los problemas cotidianos: de la seguridad a la situación económica, de las deudas al estado de las calles, de la falta de trabajo a los servicios municipales.

La última en cambiar su agente de cobro, la de Alumbrado Público, sigue generando revuelo. Un proyecto del bloque de Unión por la Patria exige que la reglamentación municipal incorpore la exención de quienes ya estaban exentos del pago de la Tasa de Servicios Urbanos. El planteo es claro: si el Alumbrado saltó de la boleta municipal a la de EDEA, entonces que EDEA mantenga la exención. En la Comisión de Hacienda, el bloque oficialista no pudo dar fe de que eso esté ocurriendo. En la empresa distribuidora revelaron a LA CAPITAL el mecanismo utilizado: “El municipio pasa un listado con los usuarios a los que no se les debe cobrar”.

Pero la radical Vilma Baragiola aseguró que hay personas con discapacidad que están pagando el monto total, cuando les correspondería la exención. “Este expediente no puede retrasarse. Es una situación grave, que afecta el derecho de adultos mayores y personas con discapacidad. Si no hay respuestas antes de la sesión voy a pedir que se trate sobre tablas”, advirtió.

La postura de Baragiola no parece aislada. Desde hace algunas semanas la UCR viene levantando el tono. El concejal Ricardo Liceaga Viñas, flamante presidente del comité local, ya lo había hecho cuando el PRO difirió la convocatoria a funcionarios en el debate del pliego del transporte. “Los acuerdos están para cumplirse y habíamos acordado que cuando llegaran las respuestas (del Ejecutivo a las consultas de los concejales) venían los funcionarios”, lanzó.

Vilma Baragiola, concejal radical.

La comparación con la fallida licitación del estadio José María Minella es una tentación para la oposición. “También nos preguntaron y no nos escucharon”, recordó Diego García, de Unión por la Patria. “También hubo propuestas nuestras que no fueron tenidas en cuenta”, sorprendió Liceaga.

Con el proceso de cesión de acciones iniciado (Revee, socia mayoritaria de Minella Stadium, cederá el 87,5% a Perfeta Producciones, de Marcelo Fígoli), en el Concejo surgen nuevas preguntas. Sobre los 40 millones de dólares que la brasileña Revee se comprometió a integrar a Minella Stadium. Sobre los fundamentos de la empresa para solicitar el cambio de accionistas. Sobre los argumentos que dará el municipio para autorizarla. Y, por supuesto, sobre cuándo comenzarán las demoradas obras.