Uno de los ocho procesados por la millonaria estafa a través de beneficios previsionales de Anses escribió una carta desde la cárcel en la que volvió a solicitar la prisión domiciliaria y asegura estar “juzgado injustamente” y “desantendido médicamente“.

El médico Fernando Daniel Fernández lleva más de 100 días preso, desde que fue detenido el 26 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando llegaba de unas vacaciones de Madrid, por estar acusado de ser parte de una asociación ilícita que estafó al Estado por sumas millonarias.

Puntualmente, Fernández está acusado de, mientras trabajaba para la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, haber falsificado certificados médicos tramitados por el estudio jurídico Organización Previsional SRL para conseguir jubilaciones por discapacidad.

Además de Fernández, están detenidos los titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL y señalados de decir los líderes de la banda delictiva: los abogados Rubén David Cagni, Conrado Suárez, Luis Miguel Iros y el asesor Roberto Luis Balbuena. También hay otras tres personas procesadas, pero que permanecen en libertad: el médico José Ricardo Caliyuri, el perito Norberto Coehlo y la contadora Daniela Livi.

En una carta que Fernández escribió desde el módulo 5 del pabellón 10 de Marcos Paz para que su abogado diera a conocer, el médico detenido asegura que él y su familia sufren un “daño irreparable”.

“Antes de preso soy un ser humano que se ve juzgado injustamente, desatendido medicamente, con serios
riesgos de muerte, viviendo en condiciones infrahumanas (como todos los internos del penal)”, expresa el imputado en la carta en la que cuestiona duramente el accionar del juez federal Santiago Inchausti.

“Mi abogado -Osvaldo Verdi- presentó innumerables pedidos de atención médica, de provisión de medicación, de
excarcelación, de prisión domiciliaria y nota sobre mi estado de salud casi diarios en el Juzgado del Dr.
Inchausti, ante la negativa de todo lo solicitado llevó las apelaciones correspondientes a la Cámara
Federal de Apelación de Mar del Plata, a cargo actualmente de los Dres. Tazza y Giménez”, expresa Fernández en la carta, donde explica que fallaron siempre de manera negativa con todos sus reclamos, entre los que destaca la posibilidad de contar con arresto domiciliario y la apelación a su procesamiento.

Fernández expone los momentos que sufrió al estar detenido, entre malos tratos por parte del personal penitenciario y las pésimos condiciones de vida en la cárcel. “El 31 de mayo a la noche me trasladan a Marcos Paz con muy malos tratos. Debido a una artrodesis de tobillo que tengo me costó bajar del transporte y me caí, los policías se mofaron de mí, me patearon y me dejaron tirado, sin abrigo (ya que la campera me la robaron en la UP 28), en una celda con las ventanas rotas y así pasé las horas de la madrugada”, expresa.

“Mi temor es que ante está justicia actual todos estamos en peligro y no quiero eso ni para mis hijos, ni mis
nietos”, expresa finalmente Fernández, a la espera de una nueva resolución a los planteos de su abogado Osvaldo Verdi para que le anulen el procesamiento o, al menos, le otorguen el arresto domiciliario.

El estudio jurídico Organización Previsional SRL fue allanado al inicio de la investigación.

La causa

La maniobra la iniciaban los titulares del estudio jurídico Organización Previsional SRL con denuncias apócrifas mediante las que lograban que se reconocieran años de aportes a individuos que no habían trabajado con esos empleadores –se inscribían como empleadores personas muy mayores o de existencia irreal –. En algunos casos, inclusive, se presentaban declaraciones juradas rectificativas que “pisaban” las originales, dejando a los empleados verdaderos sin aportes ni contribuciones para ese período rectificado.

De esta manera, según la hipótesis inicial del fiscal federal Nicolás Czizik, los abogados del estudio jurídico Organización Previsional SRL obtenían de manera irregular beneficios previsionales, principalmente de retiros por invalidez sobre la base de servicios inexistentes que habrían sido previamente validados, también en forma irregular, ante la AFIP.

Al momento hay registrados unos 130 casos de jubilaciones irregulares que, por el tiempo en que los beneficiarios llevan cobrando ese dinero, se trata de una estafa que supera los 100.000.000 de pesos.