Domingo,05 de Mayo de 2024
El insólito hecho ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles en el barrio Las Canteras derivó en la actuación de la Policía Federal, que detuvo a siete acusados. Además del robo, les imputan haber violado el aislamiento social, ya que no tenían permiso de circulación ni documentos.
Lo ordenó el juez federal Santiago Inchausti. Se trata de varios vehículos incautados en 2016, que pasaron varias semanas estacionados en los playones de Punta Mogotes en el marco de un caso de lavado de activos. Ahora serán utilizados para tareas vinculadas a combatir la pandemia del coronavirus.
Wilson Adalí Garzón López se encontraba bajo libertad condicional y en su quinta se repetía la misma realidad: trabajadores bolivianos eran explotados en largas jornadas laborales, sin registración, con montos y modos de pago por fuera de la ley, y en condiciones precarias de vivienda y seguridad.
Por extraño que parezca, dos anormalidades infrecuentes salieron a la luz casi de forma simultánea en Mar del Plata. Dos líderes espirituales que arrastraron a sus seguidores a la indigna vida de la esclavitud. Abusos, explotación laboral, desposesión de bienes, robo de identidad. El pastor Hurtado y el Swami Vivekayuktananda.
Por medio de una videoconferencia, el yogui Eduardo Nicosia dijo que no existía ni secta ni organización, que reconoce a todos sus hijos y que jamás forzó a nadie a tener relaciones sexuales.
Funcionaba en Diagonal Alberdi al 2500, donde los responsables sostenían la cooperativa del Hotel City. Se cree que forman parte de una secta mediante la cual obligaban a trabajar a seguidores, los despojaban de sus bienes y hasta abusaban sexualmente de algunas mujeres.
Ocho integrantes de una organización dedicada a la venta de drogas fueron procesados por la Justicia Federal. A fines de febrero la policía los sorprendió mientras desarmaban una camioneta que venía de Paraguay para extraer 60 kilogramos de marihuana.
Tanto la DAIA, como el abogado particular César Sivo, en sus alegatos consideraron que se probó la existencia de una organización nazi que perpetraba agresiones basadas en odio y señalaron a Alan Olea y Gonzalo Paniagua como los líderes.
La medida fue dispuesta por el juez Santiago Inchausti, quien se hizo cargo de la causa iniciada por el fiscal Fernando Berlingeri y que debió ceder la competencia ante la presunción de delitos federales. Intentan establecer si las compañías de micros realizaron falsas contrataciones de choferes para defraudar al Estado con el cobro de subsidios.
Así lo definió el juez federal Santiago Inchausti, tras un pedido de los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik. Uno de los imputados era menor de edad al momento de los hechos.
