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Interés general 17 de marzo de 2019

Unas 1700 motos permanecen secuestradas por diversas infracciones en Miramar

Hay unidades abandonadas en un galpón municipal desde hace varios años. Muchas son prácticamente irrecuperables por el monto que deberían abonar sus propietarios para recuperarlas y las condiciones en que se encuentran. La multa mínima es de 6645 pesos.

MIRAMAR (Corresponsal)

La imagen que denota el predio donde el municipio de General Alvarado deposita los vehículos secuestrados por diversas infracciones de tránsito en avenida 9 y 72 de Miramar, es verdaderamente asombrosa y tétrica a la vez.

Ya al llegar se ven motos de diversa cilindrada, apiladas una con otra a la intemperie, oxidándose y esperando saber qué hará el destino con ellas ya que en su mayoría de los casos difícilmente retornen con sus dueños.

Adentro, en un galpón sombrío el panorama es aún más llamativo ya que está completo de distintos moto vehículos que el paso del tiempo prácticamente los destruyó.

Entre ambos sitios, hay unas 1700 motos que purgan pena por responsabilidad de sus propietarios quienes incurrieron en diversas infracciones de tránsito, en muchos casos reincidentes, que jamás volvieron a reclamar su vehículo ya que se les hace imposible pagar las multas cuya tarifa mínima es 6450 pesos, por ejemplo al conducir sin el casco reglamentario.

A eso hay que sumarle el acarreo, estadía y si en el caso de ser interceptado en la vía pública también el conductor carece de seguro y/o carnet, la suma se triplica llegando, por lo que muchos optan por no retirarlas y hasta sacar una nueva en cuotas.

En el lugar también permanecen unos 70 automóviles, también retenidos en distintos operativos por las calles de esta ciudad.

“Al ser onerosas las multas a la gente se le dificulta poder retirar sus motos y lógicamente nos genera inconvenientes de espacio. Igualmente tratamos de contrarrestar ese efecto cumpliendo con la ordenanza municipal 133/2018 que habla de la seguridad vial”, dijo a LA CAPITAL, el director de Tránsito, José Casas.

“Se le da la posibilidad al infractor no reincidente, que fuera detenido durante un control operativo sin casco, hacer una capacitación de manejo defensivo y legislación con determinadas horas cátedra y un examen final. Si lo aprueba se le reintegra el vehículo sin abonar el importe”, agregó.

Hasta el momento realizaron ese curso unas 210 personas, de las cuales 117 aprobaron y alrededor de 30 no lograron el objetivo. El número restante abandonó a la primera o segunda clase y hubo quienes optaron por pagar la infracción.

Existen casos de infractores que reincidieron en varias oportunidades y actualmente en el predio tienen hasta 7 o más vehículos demorados a su nombre.

“Más allá de todo esto creo que la gente está tomando cada vez más conciencia del uso del casco por su seguridad. Todas las muertes que tuvimos por accidentes de moto los conductores no lo tenían puesto”, expresó el funcionario

“También le hacemos entender el costo beneficio lógico. La cifra de la multa básica es por pago voluntario, si el infractor mantiene la deuda a los 30 días se duplica. La ordenanza está para concientizar, no recaudar”, aseguró el titular del área de Tránsito.

Destino de compactación

Dentro de este panorama, se debe tener en cuenta además que hay motos retenidas desde el 2007. A raíz esto y para no sumar inconvenientes ambientales, el municipio está trabajando junto a Nación para comenzar la compactación de una tercera cantidad de unidades en el transcurso de este año

“Nos adherimos a la ley y hay unas 500 motos con sentencia firme del Juzgado de Faltas que van a ser compactadas aquí en Miramar. El requisito es que lo recaudado en este proceso sea destinado a una institución de bien público, por eso pensamos en la cooperadora del hospital local”, concluyó Casas.