La empresa Camuzzi Gas Pampeana comenzó a notificar a los usuarios residenciales de General Pueyrredon que a partir de la próxima factura se aplicarán los descuentos que van del 30 al 50% en la tarifa de gas, tal como se estableció en el marco de la Ley N°27.637 que incluye a Mar del Palta entre las ciudades redefinidas dentro de la Zona Fría.

Hace tres semanas el Senado convirtió en ley la reducción de las tarifas en zonas de bajas temperaturas, que alcanza a 260.000 usuarios de Mar del Plata y Batán, quienes en los próximos días verán reflejado el beneficio cuando reciban la boleta, garantizó la empresa.

La normativa, ya promulgada por el Gobierno nacional, contempla una disminución del 30% en el monto de las tarifas de los usuarios en general y una rebaja del 50% para los sectores más vulnerables. Cabe señalar que el descuento se aplica sobre la tarifa de gas, pero no así sobre los impuestos que componen la factura.

“Próximamente en tu factura recibirás un descuento del 30%”, es el mensaje que recibieron miles de usuarios en los últimos días desde la empresa prestadora del servicio.

Camuzzi Gas Pampeana, junto al Ente Regulador del Gas (Enargas), comenzó a notificar a los usuarios residenciales de General Pueyrredon que “se amplió el universo de beneficiarios del Régimen de Zona Fría”, cuyo mecanismo de financiación permite solventar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural de la región Patagónica, de la Puna y Malargüe.

Desde la empresa y el ente regulador indicaron que esta ampliación abarca distintas localidades de bajas temperaturas que antes no estaban incluidas dentro del régimen. La ley recientemente aprobada por el Senado incorporó a 3,1 millones de hogares al beneficio.

La ley que amplió el régimen incluyó a Mar del Plata y a otras localidades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salta en las que se registran bajas temperaturas.

En General Pueyrredon, a unos 260.000 hogares la próxima factura debería llegar con un descuento del 30% o 50% -según corresponda- a partir de la implementación de la Ley N° 27.637 de Zona Fría, notificó Camuzzi.

El 80% de los beneficiados con rebajas en el gas no tenía descuentos de ningún tipo, según especificó el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los impulsores de la ley promulgada la semana pasada.

Los que satisfagan algunos de los criterios establecidos por la normativa accederán a una reducción del 50%. Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, así como los beneficiarios de pensiones no contributivas, jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas cuyos ingresos no superen el salario mínimo vital y móvil.

También serán alcanzados con este beneficio mayor los usuarios que perciben seguro de desempleo, los electrodependientes, quienes hayan sido incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, los exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza y los titulares de pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur.

La tarifa diferencial no excluirá los beneficios otorgados por otras normas.

Al margen de los usuarios residenciales, la ley suma a las asociaciones civiles con ingresos ordinarios anuales menores a la categoría “G” del monotributo y a los comedores comunitarios con o sin personería jurídica, reconocidos en su jurisdicción provincial o municipal o que estén inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom).

El plazo de vigencia del nuevo régimen es hasta el 31 de diciembre de 2031.

El Congreso también facultó al Poder Ejecutivo a ampliar los territorios incorporados, previa revisión integral cada dos años y con dictamen técnico emitido por el Enargas,

Además, la autoridad de aplicación podrá modificar o exceptuar del cumplimiento de los criterios de los beneficiarios que gocen de la reducción del 50% “cuando la capacidad de pago del usuario o usuaria resulte sensiblemente afectada por una situación de necesidad o vulnerabilidad social”.