Por Ramiro Melucci

Un dirigente político que camina los barrios para sondear los problemas y expectativas de la gente de cara a las elecciones del año próximo lo resume en pocas palabras: “Hoy en la calle se habla solo de dos cosas: la inseguridad y las dificultades económicas”. La gran diferencia es que nadie reprocha los problemas de la economía al gobierno local, pero el reclamo de seguridad alcanza al Municipio tanto como a la Provincia. Nadie pone en la balanza quién debe hacer qué cosa cuando le roban o le matan un familiar.

Todos los sectores políticos que tienen alguna expectativa en las elecciones del año próximo admiten que es un asunto ineludible para la política local. “Los vecinos están podridos de vivir así”, dijo en la última reunión de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante el presidente del bloque oficialista, Julián Bussetti. “No hay familia de Mar del Plata que no plantee este tema”, coincidió desde la otra punta del arco ideológico el kirchnerista Diego García. Los que no hablan en público lo hacen por lo bajo. “Me arriesgaría a decir que aquel candidato a intendente que en las próximas elecciones logre convencer a la gente de que va a hacer más que los demás para solucionar el problema de la inseguridad va a ganar”, aventuró un libertario. ¿No fue acaso lo que sucedió cuando ganó Guillermo Montenegro?

El femicidio de Mailén Antonich (24) y los homicidios de Ricardo Ruiz (48) y Alberto Rodríguez (68) reabrieron a principios de mes el debate sobre la prevención del delito. Después de un reproche al gobierno local por el uso de los fondos para seguridad, la Provincia anunció la llegada de 50 nuevos patrulleros, 36 motos y 170 efectivos. También comenzó a implementar un plan con más patrullaje y operativos de saturación.

El municipio anunció la incorporación de 12 nuevos patrulleros adquiridos con el fondo provincial y, en paralelo, reveló gestiones con la Secretaría de Seguridad Nacional para la llegada de entre 150 y 200 efectivos de fuerzas federales. Algún inconveniente político o comunicacional hubo en el medio, porque el envío se está demorando más de lo previsto. “Estamos hablando permanentemente, a la espera de Nación”, dicen en la comuna, y cuentan que las fuerzas federales que ya estaban desplegadas en el distrito dejaron de estar únicamente en puestos fijos para sumarse a “operativos dinámicos en distintos puntos de la ciudad”.

Tras los anuncios parecía que la presión social iba a disminuir, pero el asesinato de un adolescente de 16 años que habría intentado robar una camioneta a manos de un comerciante que vigilaba su comercio porque la noche anterior le habían forzado la persiana encendió nuevamente la discusión pública. Por el impacto propio del hecho y por su primera repercusión: una descontrolada protesta en Villa La Palangana, con violencia, robos y el incendio y explosión de un auto.

Las redes sociales se inundaron de videos que mostraron el peor rostro de Mar del Plata. Reconocidos trolls libertarios colaboraron en la viralización de las imágenes, y no tardaron en surgir voces que llamaron a combatir la delincuencia con más violencia. La más notoria fue la de Emiliano Giri, presidente del PRO local y primer defensor del intendente Agustín Neme. “A los delincuentes hay que cagarlos a tiros”, dijo al programa radial Vencedores y Vencidos.

El Colegio de Magistrados no lo dejó pasar: manifestó su profunda preocupación frente a expresiones que puedan alentar la confrontación, exacerbar la conflictividad social o promover respuestas por fuera de los cauces institucionales. También se pronunció sobre “manifestaciones que intenten condicionar el desenvolvimiento de las instituciones encargadas de investigar y juzgar en cada caso”. El mismo día del comunicado, Bussetti había respaldado en nombre del bloque del PRO “al comerciante que abatió a un chorro”.

 “Me arriesgaría a decir que aquel candidato que logre convencer de que va a hacer más que los demás para solucionar el problema de la inseguridad va a ganar”, aventuró un libertario. ¿No fue acaso lo que pasó con Montenegro?

“Mano dura”, clama el intendente desde sus redes sociales, y aplaude detenciones de delincuentes, ya sean de la policía bonaerense o la Prefectura. Pero el hartazgo vecinal no se calma con anuncios, frases o fotos. Más de 40 sociedades de fomento organizaron ayer protestas en más de 20 puntos del partido y el jueves buscarán hacerse oír en la banca 25 del Concejo. Piden algo tan sencillo como una mesa entre la Municipalidad, la Provincia, la Nación y la Justicia, y algo tan difícil de conseguir como “un plan de seguridad integral y duradero”.

Delincuente con pedido de captura activa fue detenido por UTOI.

Mano dura contra estas lacras. pic.twitter.com/b0mL4Hf1lE

— Agustin Neme (@agustin_neme) August 22, 2026

La gestión municipal lidia con sus propios demonios. Las especulaciones y operaciones políticas. La incertidumbre que cada semana genera alguna publicación. Y las inconsistencias que la llevan a ceder terreno en cada uno de los asuntos de la agenda comunicacional.

La licitación del Minella es el más relevante. Salió mal y hay una causa judicial en trámite, pero el municipio hace silencio hasta cuando se plantea que algunos de sus integrantes podrían haber incurrido en incumplimiento de deberes de funcionario público.

Tampoco dice nada sobre las denuncias de la oposición. No se interesó por aclarar cómo está trabajando la empresa contratada para mejorar la cobrabilidad (la unión transitoria entre Karstec e Itnet), que este año ya cobró $ 1.000 millones en tres pagos. Ni ofreció su versión ante la denuncia de que “el municipio dejó de hacer operativos de tránsito de control de alcoholemia”. La voz municipal no se escucha en casi ningún tema.

A más de una semana de la que la Justicia confirmara la ilegitimidad del aumento del 142,7% de Obras Sanitarias por no realizar previamente una audiencia pública, tampoco anunció los pasos judiciales a seguir o cómo la empresa devolverá lo que la Justicia le ordenó que devuelva. Ante la falta de una estimación oficial sobre los montos que debería desembolsar OSSE, el cálculo lo hizo un opositor: Gustavo Pulti. Dijo que la empresa necesitará entre 10 y 15 mil millones.

Pero hay que contar los hechos tal cual fueron. La autorización de aquel aumento se produjo en una reunión de presidentes de bloque llevada a cabo el 19 de diciembre de 2023. Solo había pasado una semana desde que OSSE lo solicitara ante su “delicada situación económica financiera”, según argumentó, y con el objetivo de compensar “el retraso tarifario acumulado en los últimos años”.

La intención de la empresa era comenzar 2024 con el aumento incorporado en las boletas. Estaba apurada y los concejales lo sabían, por eso colaboraron: el aumento fue autorizado por unanimidad, con el voto a favor de los bloques oficialistas y la abstención de los opositores. Ninguno pidió una audiencia pública.