El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) solicitó mantener una audiencia con el intendente Carlos Arroyo para expresar su inquietud por el intento del gobierno municipal de gravar las exportaciones realizadas desde el Partido de General Pueyrredon imponiendo sobre ellas el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene.

Al mismo tiempo la entidad dio a conocer su rechazo a esta medida a través de distintas notas enviadas a las máximas autoridades nacionales y provinciales.

“Durante los últimos meses el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, junto a buena parte de sus ministros, han trabajado con la pesca para tratar de ayudar a recuperar a un sector golpeado y aún en crisis, que ahora podría verse seriamente perjudicado”, sostuvo el gerente de CEPA, Darío Socrate, a través de un comunicado.

“Por ese motivo hemos puesto a los funcionarios nacionales y provinciales al tanto de esta situación y hemos solicitado una audiencia con el intendente Carlos Arroyo, para expresarle nuestro desacuerdo con la idea de que la Municipalidad incremente la presión fiscal sobre la actividad”, agregó.

Socrate explicó que la idea del Ejecutivo municipal de gravar el comercio exterior mediante la imposición de una tasa es “improcedente”  ya que la comuna no les brindaría a las empresas ninguna constraprestación de servicios.

“Por lo tanto estamos frente a un intento de establecer un impuesto, lo que excede las facultades legales de un municipio y recargaría los costos de los productos exportables del Partido de General Pueyrredon, dañando seriamente su competitividad”, señaló.

Asimismo el gerente de CEPA destacó que este tipo de medidas violan las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio(OMC), las cuales “expresamente prohíben la exportación de impuestos”.

“La pesca es un sector muy golpeado al que el gobierno nacional y el gobierno provincial han intentado ayudar a través de medidas de estímulo y de promoción. Sin embargo la situación de crisis persiste. Lamentablemente, medidas como la que está proponiendo la Municipalidad, atentan contra ese esfuerzo”, dijo Socrate.

Asimismo el dirigente advirtió que tal como está planteado, el proyecto del municipio no sólo tendría impacto sobre la industria pesquera, considerada como la principal actividad exportadora de Mar del Plata y una de las más relevantes del país.

“También afectaría muy seriamente a la producción de maquinaria, productos químicos, grasas y aceites, tecnología, frutas, hortalizas y alimentos en general. Por eso esperamos que todos estos otros sectores, que sufren problemas similares a los de la pesca, expresen una opinión en el mismo sentido en el que lo estamos haciendo nosotros”, indicó.

Para Caipa es una decisión inexplicable

La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) calificó que “inexplicable” la pretensión de la gestión del intendente Carlos Arroyo de gravar con tasas municipales las exportaciones que realicen las empresas radicadas en el Partido de General Pueyrredon y aseguró que esa medida “atenta contra el esfuerzo” que se viene realizando junto a la Nación y la Provincia de Buenos Aires para “devolverle competitividad al sector”.

“Este proyecto, además de agravar la situación de la industria pesquera, afecta el principio generalmente aceptado de evitar exportar impuestos“, sostuvo la entidad a través de un comunicado.

De este modo Caipa sumó su crítica a los cuestionamientos surgidos desde distintas cámaras empresariales pertenecientes a diferentes rubros, frente al intento del Municipio de gravar con el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene las exportaciones locales.

“En la forma en la que se proyecta, esta tasa pasa a ser un impuesto“, advirtió la institución, precisando que la comuna pretende cobrar el tributo en base a la facturación de las compañías y no de acuerdo a la contraprestación de un servicio concreto.

“Así se adopta un criterio que ya ha sido cuestionado en las más altas instancias judiciales“, señaló Caipa.

“No debe olvidarse que la mayor parte de la industria marplatense está dedicada a la elaboración de productos que no arrojan rentabilidad y que mantiene su operatoria para evitar que disminuya la ocupación en el sector”, agregó la institución.

Por ese motivo la cámara reclamó que el Concejo Deliberante rechace la propuesta impulsada por la gestión del intendente Carlos Arroyo, teniendo presente “la situación de quebranto del sector” así como los esfuerzos que se vienen realizando “con la Provincia y la Nación, con el Presidente Mauricio Macri a la cabeza” para tratar de mejorar las competitividad de la actividad.