A pocas semanas del inicio del verano, crece la polémica por el sistema de fotomultas en Dolores, distrito atravesado por las rutas 2 y 63, dos de los principales accesos a la Costa Atlántica.

El municipio, conducido por Juan Pablo García, rescindió su vínculo de más de diez años con el anterior prestador y avanzó con una contratación directa.

Las denuncias señalan a Secutrans como beneficiaria del cambio y cuestionan los fundamentos legales y económicos de la operación. También reclaman conocer los porcentajes de recaudación que percibe la empresa.

Posteriormente, el Ejecutivo convocó a las licitaciones públicas 03/2026 y 04/2026, cuyas condiciones también fueron objetadas. Entre los puntos cuestionados figura la exigencia de que los oferentes sean fabricantes de los radares y que la oferta económica represente apenas el 15% del puntaje total

Desde La Libertad Avanza de Dolores presentaron reclamos ante organismos de control por posibles irregularidades y una eventual licitación diseñada para favorecer a un prestador determinado.

La controversia también alcanza al funcionamiento de los dispositivos ya que los radares instalados en Dolores podrían no estar registrando infracciones tras el cambio de empresa.

Otro cuestionamiento apunta a las funciones que podrían quedar en manos privadas. El artículo 28 de la Ley provincial 13.927 prohíbe privatizar el control directo de las infracciones, por lo que se solicita revisar las facultades previstas en los pliegos.

Desde La Libertad Avanza exigen que el municipio exhiba los contratos, acredite las condiciones económicas y garantice el funcionamiento de los equipos antes del verano, cuando miles de automovilistas transitarán por la zona.