Por Federico M. Alvarez Larrondo*

Durante los festejos por su victoria electoral del 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva tuvo un reconocimiento especial para el diputado André Janones, a quien llamó «nuestro general». Janones había organizado el denominado Exército do Lula, un canal de WhatsApp que llegó a reunir alrededor de 11 millones de seguidores. Pero ¿qué es un canal de WhatsApp? A diferencia de un grupo tradicional donde todos pueden intercambiar mensajes, un canal permite que sus administradores envíen publicaciones a una audiencia masiva, cuyos integrantes pueden recibirlas, reaccionar y compartirlas, pero no conversar libremente dentro del canal. Así, Janones podía transmitir consignas y convocar a millones de personas a difundir mensajes, compartir publicaciones y participar activamente de la campaña presidencial.

Lula no solamente celebró esa experiencia, sino que en pleno discurso pidió que el ejército digital continuara organizado después de las elecciones.

Sin embargo, detrás de ese festejo aparece una contradicción que debería preocupar especialmente al propio presidente brasileño y con él, a todos los futuros candidatos a la presidencia de cualquier país.

El Ejército de Lula se montó en una de las herramientas propiedad de Meta, una empresa privada extranjera propietaria y administradora de WhatsApp, Facebook e Instagram y que lidera el controvertido Mark Zuckerberg. La ex Facebook es una compañía que, valiéndose de su carácter de empresa privada, puede modificar sus reglas, alterar sus algoritmos, bloquear cuentas, restringir publicaciones o limitar la circulación de determinados mensajes. Todo ello en un escenario en el que los Estados, pese a los avances regulatorios registrados en algunas jurisdicciones, todavía encuentran enormes dificultades para supervisar eficazmente el poder de estas plataformas y sus sistemas algorítmicos.

Ahora bien, lo ocurrido durante las últimas semanas en Brasil demuestra que esta situación referida ya no se trata de una preocupación meramente teórica.

La campaña de Lula denunció durante el proceso electoral que los sistemas de Meta habían perjudicado la difusión de sus contenidos electorales, controversia que llegó al Tribunal Superior Electoral el que como respuesta a la solicitud exigió condiciones de tratamiento equivalentes para los candidatos y mecanismos de revisión de decisiones automatizadas. Entre las anomalías denunciadas por la campaña de Lula se encontraba una particularmente llamativa: al solicitarle a la inteligencia artificial de Meta que generara una imagen de Lula vistiendo la camiseta de la selección brasileña, la herramienta rechazaba el pedido. Sin embargo, ante una solicitud equivalente referida a Flávio Bolsonaro, el sistema sí generaba la imagen. Esta diferencia de comportamiento, denunciada como un posible trato desigual entre candidatos, puso en discusión la neutralidad de los criterios aplicados por los sistemas de inteligencia artificial durante el proceso electoral.

Ante las denuncias, el día 20 de octubre, el propio Consejo de Supervisión de Meta (un organismo de fiscalización externo montado por la propia empresa) reconoció que sus políticas antifraude habían sido aplicadas con excesivo rigor a las cuentas publicitarias de Lula. Una constatación relevante, aunque insuficiente para demostrar una manipulación deliberada de la elección.

La situación adquirió todavía mayor trascendencia cuando, el 27 de octubre, el Supremo Tribunal Federal dispuso investigar indicios de posible interferencia extranjera en el proceso electoral, incluyendo eventuales maniobras de manipulación algorítmica y financiación desde el exterior.

Pero hay algo todavía más revelador, y es que el propio Ejército de Lula fue objeto de restricciones y controversias judiciales durante la campaña.

Así, el presidente celebraba el poder de movilización de una plataforma mientras denunciaba los riesgos derivados del poder que esa misma empresa ejerce sobre la circulación de información política.

Aquí aparecen dos formas de poder enfrentadas. Por un lado, el poder de los ciudadanos organizados digitalmente; por el otro, el poder de las plataformas que administran las condiciones tecnológicas de esa organización.
El problema es que esta segunda forma de poder puede ejercerse sin que los ciudadanos siquiera adviertan su intervención.

Un algoritmo no necesita prohibir una opinión para reducir su influencia, sino que puede simplemente disminuir su distribución o volverla prácticamente invisible.

No existe un derecho a obtener determinada cantidad de visualizaciones, eso es claro, pero tampoco puede resultar indiferente para una democracia que decisiones automatizadas, potencialmente opacas y difíciles de auditar, condicionen injustificadamente la participación política.

El problema está dado por la consagración de un poder tecnológico que carece de mecanismos suficientes de transparencia, control y rendición de cuentas.

Por eso, la paradoja de Lula excede ampliamente la política brasileña.

Como candidato, puede celebrar que millones de personas se organicen para apoyarlo, pero al día siguiente, ya como Presidente, su responsabilidad será la de garantizar que esa infraestructura tecnológica no pueda convertirse en un instrumento arbitrario de condicionamiento de la competencia democrática, incluso cuando las decisiones que deba tomar puedan favorecer a sus propios adversarios. Ese es, precisamente, el desafío de los grandes estadistas, tan escasos en estos tiempos, quienes deben ser capaces de establecer reglas pensando en la democracia que dejarán cuando ya no ocupen el poder, incluso cuando esas mismas reglas les puedan costar una elección para ellos o su partido.

Pero vale también una advertencia. El desafío no consiste en sustituir el poder privado de las plataformas por el control político estatal de los contenidos, sino en establecer reglas que protejan simultáneamente la libertad de expresión, la participación ciudadana y la integridad electoral.

Porque el verdadero problema es que la democracia depende cada vez más de estas infraestructuras privadas cuyos mecanismos de decisión permanecen, en buena medida, fuera del control democrático y que vuelven al debate cada vez que se vive una elección.

Lula celebró a su general y a sus millones de soldados digitales, pero ahora es tiempo de pensar en quién tiene realmente el mando cuando el territorio en el que se libra la batalla pertenece a una empresa privada.

Y esa pregunta, que hoy interpela a Brasil, también debería preocupar a todos los sistemas democráticos del mundo.

*Doctor en Derecho. Profesor Titular por concurso de la Cátedra “IA, Tecnología y Derecho”, Fac. de Derecho de la UNMdP. Profesor Titular de la Cátedra “Derecho Artificial”, Fac de Dcho y Cs. Jcas de la UAA.