No hay que imaginar una carpeta llena de hechos y documentación respaldatoria. La denuncia que el municipio hizo por el escándalo de Rancho Móvil nació a partir de una breve descripción oral que la presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler, hizo la semana pasada ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

Magnoler puso en conocimiento de la Justicia las construcciones que se descubrieron en la Unidad Turística Fiscal (UTF) que explotaba la asociación Rancho Móvil y derivaron en la caducidad del permiso precario por parte del municipio. También dijo que por medios periodísticos se enteró de la posible compraventa de parcelas en ese lugar.

La denuncia quedó en manos del fiscal David Bruna, que según pudo saber LA CAPITAL investigará posibles estafas con la comercialización de tierras fiscales y responsabilidades de los funcionarios que debían velar por el cuidado de esas tierras.

En un comienzo pedirá a la municipalidad y a la asociación Rancho Móvil toda la documentación que tengan respecto al permiso de uso de la UTF. También preguntará quiénes son los socios de la entidad a la que el 24 de enero el intendente le sacó el permiso para el uso de las tierras y si hay documentación sobre la compra y venta de bienes. Además, consultará a los vecinos que denuncian desde hace meses los movimientos “ilegales” en la zona. De hecho, una nota de LA CAPITAL de julio de 2016 hablaba del desmonte y loteo ilegal del predio. “Un grupo de socios de la entidad (Rancho Móvil) denunció el desmonte del predio y su cierre para un emprendimiento inmobiliario privado”, señalaba la nota.

Para ampliar la denuncia, el fiscal citará a funcionarios en calidad de testigos. Sobre todo a aquellos que tenían la función de controlar que no hubiera irregularidades en el predio municipal.

En el predio de la UTF Playa Redonda, ubicada en el kilómetro 28 de la ruta 11, Rancho Móvil solo tenía permitida la instalación de casillas rodantes. En septiembre del año pasado había tres construcciones fijas y solo una fue desmontada. Entre ese mes y enero las “cabañas” o “ranchitos” llegaron a 17. Según parte de los concejales que el jueves pasado escucharon los argumentos de Magnoler en la comisión de Turismo, no hay duda de que alguien con poder político dio la venia para que se produjeran esas instalaciones fuera de toda regla.

Rechazan propuesta en la comisión de Turismo

El presidente de la comisión de Turismo del Concejo Deliberante, Marcos Gutiérrez (Unidad Ciudadana), propuso ayer sin éxito que ese cuerpo invitara a la asociación Rancho Móvil para que proporcionase información sobre las cabañas ilegales que derivaron en la caducidad de su permiso precario.

Gutiérrez buscaba que los representantes de la entidad aportaran una nómina de socios más prolija que la que dejó la semana pasada la presidenta del Emtur, Gabriela Magnoler –era una fotocopia difícil de leer y tenía varias tachaduras–, y establecieran quiénes habían construido ilegalmente en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda, ubicada en el kilómetro 28 de la ruta 11.

El concejal de UC también quería conocer las altas y bajas de los socios de Rancho Móvil desde el 1 de enero de 2015 a la fecha y toda documentación respaldatoria que tuviera la asociación.

“Ningún bloque acompañó”, lamentaron cerca del edil, que a comienzos de semana presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo informe la nómina de personas que realizaron construcciones no autorizadas dentro de la UTF. “Nos parecía que invitar a la entidad era una forma de llegar más rápido a esa información”, confiaron las fuentes.