Por Ramiro Melucci

“No es cómodo no salir a decir nada. Pero solo lo voy a hacer cuando tenga algo que anunciar. No cuenten conmigo para la pelea”. Esa es la postura del intendente Agustín Neme sobre su actuación pública en el debate por la seguridad. La razón por la que se mantuvo en silencio toda la semana, a pesar de la convulsión que generaron el femicidio de Mailén Antonich y los homicidios del ferretero Ricardo Ruiz y Alberto Rodríguez en menos de 24 horas. Es el compromiso que asumió con el gobierno bonaerense: “No voy a hacer política con esto. Espero que tampoco la hagan conmigo”.

Pero en política no todo es tan lineal. En la Provincia sospecharon que el gobierno local instigó de algún modo la genuina demanda de mayor seguridad, y mantuvo la línea de cuestionar el rol del municipio. La había inaugurado a fines de mayo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuando le dijo a LA CAPITAL que la comuna “no quiere trabajar con la Provincia” y subrayó que fue el único distrito que no presentó su programa de seguridad. La continuó la semana pasada el subsecretario de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio, al hablar de “un abandono estructural” del municipio en la prevención del delito y poner en duda la utilización de los fondos para el fortalecimiento de la seguridad.

No la modificó siquiera cuando el referente político del gobernador en Mar del Plata, Gustavo Pulti, solicitó que cada uno asumiera su responsabilidad, que dejaran de lado diferencias y especulaciones políticas y trabajaran en conjunto, sin armar “un circo mediático”.

Dos días después bajó Aparicio para cargar contra el municipio. “El gobernador y el ministro (Javier Alonso) están muy preocupados y ocupados en que esto pueda mejorar, pero el gobierno municipal no trabaja en equipo con la Provincia”, planteó mientras los vecinos empezaban a hacerse sentir en la marcha que comenzó en el Palacio Municipal y desembocó con incidentes en la Departamental.

Enseguida se conoció la renuncia de Gastón Herrera –identificado políticamente con Pulti–, que oficiaba de nexo entre el Ministerio de Seguridad provincial y el municipio. Causalidades. Al cierre de la semana, el concejal recalibró su mensaje: recordó sus reclamos a Neme, le exigió que impulse acciones coordinadas con el Ministerio de Seguridad y que “concrete las promesas incumplidas”. Más causalidades.

 En la Provincia sospecharon que el gobierno local instigó de algún modo la genuina demanda de mayor seguridad, y mantuvo la línea de cuestionar el rol del municipio. 

El secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncálvez, adoptó el silencio de Neme y de Guillermo Montenegro, que no emitió palabra ni asistió a la reunión de la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense, una de las que integra en su rol de legislador.

Sin embargo, el municipio desmintió las acusaciones provinciales. Los $ 3.080 millones del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad fueron girados por la Provincia en tres porciones de aproximadamente $ 1.000 millones. La primera en abril del año pasado, la segunda en octubre y la tercera en febrero de este año. El municipio rindió las dos primeras, todavía no la tercera.

El plan de inversión firmado con las autoridades bonaerenses establecía que casi el 65% de los fondos se utilizaran para la compra de patrulleros. Los primeros 11 fueron entregados el año pasado. El 28 de mayo se compraron 12 camionetas. Estaban demoradas, pero en las últimas horas llegaron a Mar del Plata y mañana serán entregadas a la policía. “La rendición se realizará terminado el proceso, lo cual ya fue conversado con Provincia”, aclararon en la comuna, que en paralelo avanzó con la compra de otras cinco camionetas para la Patrulla Municipal: estiman que entre el martes y el miércoles estarán disponibles.

Mar del Plata no tiene un lector de patentes solo, como declaró el funcionario provincial, sino 51, que “forman un anillo digital hace años”. ¿Alcanza? No. La oposición local hace tiempo reclama más lectores de patentes para reforzar el anillo digital y más celeridad en las compras de patrulleros, pero no llega a los extremos que bordeó Aparicio.

Por debajo de la pirotecnia verbal, Neme levanta el teléfono y en el Ministerio de Seguridad atienden. Conversan e intercambian pareceres. Pero la estrategia y las decisiones son ministeriales. El jefe comunal ha llegado a manifestar su desacuerdo sobre alguna de ellas. Siempre en privado.

El 28 de mayo se compraron 12 camionetas. Estaban demoradas, pero en las últimas horas llegaron a Mar del Plata y mañana serán entregadas a la policía. 

Tras el reclamo vecinal, el jefe departamental, Cristian Fontana, fue ratificado en el cargo, pero se implementarán cambios operativos en el despliegue de personal en la calle. El Comando de Patrullas volverá a la vieja estructura de subdivisión en zona Norte y Sur para optimizar el personal y los móviles, con el propósito de mejorar la cobertura de las 63 cuadrículas del partido. También se decidió que haya más recursos en el patrullaje y presencia en la vía pública de la UTOI, el Grupo de Apoyo Departamental, el Grupo de Policía Motorizada, Caballería e Infantería.

Por otro lado, los prefectos que colaboran en la prevención del delito (270, según la última versión municipal) están dispuestos en los barrios San Martín, Centenario y Libertad. También en Plaza Rocha. “Nación está reconfigurando su presencia en la calle para que tengan mayor movilidad y patrullaje”, contaron en el municipio. Y revelaron el compromiso para que lleguen entre 150 y 200 efectivos en septiembre.

La madre de Mailén Antonich, al salir de una reunión con autoridades policiales en la Departamental, en el marco del reclamo de seguridad.

Cada vez que el reclamo de seguridad toma fuerza (lo que ocurre más seguido por el incremento en los índices delictivos), a Goncálvez lo asedia fuego amigo. La diputada provincial Sofía Pomponio –que responde a Gustavo Jara, funcionario de Seguridad Nacional que reporta a Patricia Bullrich– pidió su renuncia. Siguió así la costumbre de marcar una disrupción en las imputaciones que el oficialismo local y sus aliados (La Libertad Avanza, su partido, y la UCR) suelen dirigir a Axel Kicillof. Mientras el discurso generalizado manda remarcar la responsabilidad primaria de la Provincia en materia de seguridad, la legisladora insiste en reclamar que se observe el rol de las autoridades locales. Habría que mirar en retrospectiva su paso y el de Jara por la Secretaría de Seguridad municipal para rastrear el motivo de la inquina con Goncálvez.

En el Concejo Deliberante, la Comisión de Seguridad resucitó un expediente de hace dos años para la conformación de una Mesa de Política Criminal y Coordinación de Políticas Locales de Seguridad. Lo había impulsado Diego García (Unión por la Patria) cuando no registró indicios de que se concretara un anuncio que en agosto de 2024 surgió de una reunión entre Montenegro, el ministro Alonso y el fiscal general, Fabián Fernández Garello. El novedoso interés del bloque del PRO de permitir el avance del proyecto (al que buscará cambiarle el nombre y parte de su contenido) es la confirmación de que aquello no prosperó.

La duda más razonable es si de verdad se necesita una ordenanza para sentar periódicamente en una misma mesa a los principales actores de la seguridad en el distrito: la secretaría municipal, el ministerio provincial, la policía, las fuerzas federales y la justicia. El sentido común indicaría que no.