Por Ramiro Melucci

En la noche del jueves, después de la sesión del Concejo Deliberante en que quedaron habilitadas las aplicaciones de transporte, Agustín Neme celebró junto a algunos de sus dirigentes más cercanos. “Sacamos la Saladita de la Bristol después de 25 años y la legalización de las plataformas que se debatía hace más de cuatro. Para un interinato no está mal”, bromearon.

Nadie en el Concejo Deliberante, sin embargo, se acordó de Neme cuando fundamentó el proyecto de las plataformas de transporte. El contraste más notorio volvió a marcarlo el PRO: el presidente de la bancada, Julián Bussetti, directamente dijo que fue “el intendente Montenegro” el que “fomentó Uber”.

Esta vez sí hubo lo que antes no: una publicación alusiva de Neme reproducida por los canales de prensa municipal. Era un video en que el intendente en funciones resaltaba la aprobación del expediente. “Dejamos atrás un sistema obsoleto y absurdo que no solo prohibía el funcionamiento de las aplicaciones, sino que también perjudicaba a los taxistas”, decía. Un sistema “obsoleto y absurdo” impuesto en enero de 2019 por un gobierno municipal del que formó parte: el de Carlos Arroyo.

Desde hoy, taxis y aplicaciones conviven en Mar del Plata con reglas claras.

Dejamos atrás una normativa que había quedado vieja, generaba conflictos y le daba la espalda a una realidad que ya existía.

Autorizamos las plataformas y modernizamos el sistema de taxis para terminar… pic.twitter.com/oty9ZvjlUS

— Agustin Neme (@agustin_neme) June 18, 2026

Cerca del jefe comunal aseguran que, para habilitar las aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi, había que sentarse a hablar con los taxistas. “Y eso lo hizo Agustín”, destacan, y marcan como un hito en ese proceso la eliminación del pago de transferencias de taxis y remises, establecida en la ordenanza impositiva 2026. El detalle importa: en la discusión interna del gobierno municipal, hubo a fines del año pasado sectores que proponían prorrogar el presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva 2025, con el aumento de tasas como única variante. Si esa lógica se hubiera impuesto, no se habría eliminado el pago de transferencias de taxis. Como tampoco hubiera existido una Tasa de Alumbrado Público disociada de la de Servicios Urbanos, la fórmula con la que Neme piensa recambiar el parque lumínico de la ciudad.

El gran interrogante que abre la ordenanza de las apps es el del control. Le asigna a las empresas la responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos de conductores y vehículos. ¿Qué pasará con los choferes que vengan de otros distritos a hacerse la temporada? ¿También cumplirán los requisitos? ¿Están las empresas en condiciones de garantizar que sus choferes tengan licencia profesional, certificado de inexistencia de antecedentes penales y vehículos con todos los papeles en regla? Se desconoce: en el apuro, el oficialismo omitió preguntarles.

El Concejo aprobó por mayoría la habilitación de las apps de transporte.

Más dudas surgen respecto de la licitación del estadio José María Minella. Horacio Taccone, de Acción Marplatense, pidió la rescisión del contrato con Minella Stadium y el envío de un nuevo pliego que solo contemple el estadio Minella y ya no al Poliderpotivo. Valeria Crespo, de Unión por la Patria, exigió la remisión del contrato del municipio con la concesionaria  –cuyas cláusulas este diario reveló la semana pasada– y reclamó información sobre lo que está sucediendo con la empresa. Un proceso de venta de acciones de la socia mayoritaria, la brasileña Revee, a Fénix Entertainment, el grupo de Marcelo Fígoli, que se había mostrado interesado en la licitación pero no presentó oferta. 

El bloque del PRO fingió demencia. Bussetti llegó a decir que la información sobre el contrato era pública (nunca lo fue) y solo pidió tiempo para que se vea la transformación de los escenarios deportivos. Como si no existieran las complicaciones financieras y organizativas de Revee. Como si su empresa madre, Reag, no estuviera involucrada en el mayor fraude bancario de la historia de Brasil. Como si el plan de ejecutivo de obras estuviera a la vista de todos. Como si el óxido que prometieron remover no siguiese allí, campante, siete meses después.

Al día siguiente, el presidente del PRO local y hombre de confianza de Neme, Emiliano Giri, ofreció otra línea discursiva. “Estamos esperando que la empresa haga lo que tiene que hacer. Si de acá a fin de año no hay avances con las obras, el Municipio tiene un seguro de caución, y en ese caso se ejecutará”, declaró a Vencedores y Vencidos. Admitió además que “uno de los socios que forma parte de esa concesión está con problemas” en Brasil y que otra empresa “se estaría haciendo cargo del paquete accionario”.

También se mantiene la controversia por el destino del complejo Punta Mogotes. El juez Simón Isacch, que debe resolver si otorga la cautelar del Municipio para que la Provincia no siga adelante con su plan para licitar los balnearios, convocó a las partes para el martes 30. Apenas conocieron la decisión, los funcionarios bonaerenses activaron el trámite para prorrogar los contratos de los balnearios, que en su gran mayoría vencen el 27, es decir, tres días antes de la audiencia judicial.

Lo hizo mediante un acta del Consejo de Administración de Punta Mogotes, integrado por dos representantes provinciales (el administrador general, Fernando Maraude, y Gonzalo Raventos) y uno municipal, Carlos Aramburu, que se pronunció en contra.

Fernando Maraude, el administrador general de Punta Mogotes.

La prórroga alcanza a la totalidad de los balnearios –no solo a los que tenían contratos que vencían el 27 de junio– y es por un año o hasta que se adjudique la concesión mediante una nueva licitación. Antes de que el trámite de la extensión contractual concluya (debe ser visado por la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado), la comuna le pidió al juez que suspenda la prórroga. Con el argumento de que la Provincia está haciendo lo que el magistrado debe resolver si está bien o no: innovar en un complejo que el Municipio considera propio.

“Resulta difícil entender que mientras la Justicia analiza el conflicto, la Provincia intente avanzar con una prórroga de las concesiones hasta 2027”, cuestionó Neme. “Un año más de prórroga. Mismos contratos. Mismas concesiones. Mismo esquema. Mismos resultados”, opinó Montenegro. En la Administración de Punta Mogotes (APM), en cambio, dijeron que no podían dejar que vencieran las concesiones sin tomar una decisión. “Podíamos incurrir en incumplimiento de deberes de funcionario público”, se defendieron.

Hay más evidencias de que el intendente en uso de licencia no se resigna a perder protagonismo. Se hizo fotografiar junto al secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, y al fiscal general federal, Daniel Adler, en la conferencia de prensa en la que reconocieron a los investigadores que participaron de un operativo antinarco en Mar del Plata. ¿Y Neme? No estuvo: se reunió con Ferlauto después. Dicen que conversaron sobre posibles medidas para reforzar la seguridad en el distrito. Pero sin foto.

En esa clase de diferencias se cuela la interna entre reemplazante y reemplazado.